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Indicios de una ley anticrisis

   

BEGOÑA AMEZUA | SANTA CRUZ DE TENERIFE

El impacto de la crisis económica a finales de 2007, unido a la idea de la existencia de normas territoriales contradictorias, propició en la Comunidad Autónoma la apertura de un debate que dio lugar a la aparición, en mayo de 2009, a una nueva norma, la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo, tal y como recuerdan Juan Parreño y Ramón Díaz del equipo de investigación de Geografía Económica y Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en un trabajo sobre el modelo territorial de las Islas.

Esta ley señalaba, por primera vez, el encorsetamiento legal del Archipiélago, lo que según los sectores productivos e institucionales, entorpecía el desarrollo económico. Pero además, por primera vez, se aprobaba en Canarias una ley territorial sin concitar la unanimidad parlamentaria y el respaldo social que sí tuvieron todas las normas aprobadas con anterioridad desde el inicio de la etapa autonómica en 1982.

Para el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, y sus socios del Partido Popular, la ley de medidas urgentes preservaba el territorio e introducía medidas para activar la economía. Para la oposición socialista del momento era una norma insostenible.

Esta ley nació con la pretensión de agilizar el planeamiento y simplificar los trámites burocráticos del Gobierno, los cabildos y los ayuntamientos para que se pusieran en marcha nuevas actividades económicas.
Las principales objeciones realizadas fueron que permitía un mayor uso del suelo rústico, que posibilitaba un mayor consumo de suelo turístico e industrial al sortear las medidas de contención establecidas en las Directrices de 2003 y para algunos la excesiva compensación de plazas alojativas por la renovación de la planta.

Desde el comienzo, en el ámbito gubernamental se planteó como una ley anticrisis, cuyo objetivo era el de facilitar las condiciones para la diversificación económica. Incorporaba además algunos aspectos novedosos de cara relacionados con los usos agrícolas y ganaderos.
Entre ellos las calificaciones territoriales o autorizaciones para determinadas intervenciones en suelo rústico con las que se pretendía ganar en agilidad.

También se exonera de obtener la calificación territorial en los suelos categorizados como de protección agraria en aquellas zonas donde no exista una prohibición expresa por parte del ordenamiento insular.
A ello se une la posibilidad de que los agricultores y ganaderos pudieran mejorar sus rentas aprovechando la cubierta de sus invernaderos y granjas para la obtención lucrativa de energía renovable.
Al mismo tiempo se modificó un artículo del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias para permitir que, en las zonas vitivinícolas, se pueda autorizar la construcción de bodegas individuales, pertenecientes a cooperativas o colectivos, e instalaciones vinculadas a explotaciones vinateras, siempre que no exista prohibición expresa por parte de un Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) y cumplan una serie de requisitos.

Otra innovación que se plantea ante la inactividad de muchos municipios en la tramitación de sus planes generales, pasa por prever la posibilidad de que se haga el planeamiento supletorio. Esta alternativa permite que, de forma voluntaria, los municipios puedan acogerse a la posibilidad legal de que sea la Consejería de Política Territorial la que les elabore sus respectivos planeamientos para adaptarlos a la nueva normativa.

Balance

El carácter supletorio de estos planes tiene vigencia hasta la entrada en vigor del nuevo planeamiento adaptado al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio.

Según el trabajo sobre la ordenación territorial, urbanística y de los espacios naturales protegidos y el modelo territorial de Canarias de Parreño y Díaz, que forma parte de un proyecto de investigación denominado Las ciudades españolas en la etapa autonómica financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación; en los 17 primeros meses de vigencia de la ley de medidas urgentes se empezaron a ver los primeros resultados, sobre todo, en relación con los sectores agropecuario, industrial y energético.
Veintidós de los 88 municipios de las Islas pudieron reservar suelo industrial en su planeamiento cuando esta posibilidad era prácticamente inviable con la anterior normativa.

Estos suelos se destinarán a pequeños polígonos de ámbito municipal para reubicar empresas que están situadas en suelo urbano de uso residencial.

Al mismo tiempo se estaban tramitando 40 proyectos al amparo de la nueva regulación simplificadora de los proyectos de actuación territorial, que dinamiza la ubicación de actividades energéticas y dotacionales como son las plantas de reciclaje de residuos sólidos de la construcción y demolición de edificios; los parques eólicos y las estaciones de servicio.

El consejero regional en la materia, Domingo Berriel, informó, el pasado martes al Parlamento de Canarias, que los proyectos de actuación territorial servirán para habilitar 16 de los 23 parques eólicos adjudicados en Gran Canaria y cinco de los nueve asignados en Tenerife.

Además, un total de 421 explotaciones ganaderas habían solicitado su regularización siempre que cumplan con los requisitos que establece la ley en materia de seguridad jurídica, sanitaria y ambiental. Berriel, en la misma comparecencia parlamentaria anteriormente citada, informó que 225 de estas explotaciones ya habían sido legalizadas.

También se presentaron, en 17 meses, varias solicitudes en Fuerteventura y La Gomera para instalar plantas de obtención de energía renovable sobre suelo rústico protegido.

El consejero regional en la materia agregó que los planes de modernización, mejora e incremento de la competitvidad turística propiciarán la rehabilitación de más de 16.000 camas y 30 establecimientos turísticos.

Según Parreño y Díaz, después de 17 meses de vigencia de la ley es pronto para evaluar su impacto real pero, por los indicios conocidos, los municipios que la rechazaron, como La Aldea, “ahora su adhesión es tal” ya que lidera la lista de beneficiarios de obras en suelo rústico.