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AVISOS POLÍTICOS > POR JUAN HERNÁNDEZ BRAVO DE LAGUNA

Insultos, amenazas y señuelos > Juan Hernández Bravo de Laguna

   

Estos artículos dominicales se publican gracias a que el DIARIO DE AVISOS, fiel a su compromiso con la democracia y la libertad de expresión, nos ofrece un foro semanal de opinión libre y responsable. Las ideas que aquí defendemos son exclusivas nuestras y no pretenden tener razón ni estar en posesión de la verdad. Solo buscan abrir el debate y permitir que los lectores saquen sus propias conclusiones. Y les aseguro que cumplen su objetivo cuando algún curioso -y amable- lector nos manifiesta sus discrepancias con nuestras afirmaciones. Faltaría más. De modo que, como no podía ser de otra manera, está claro que estos artículos no representan en absoluto al periódico, cuya línea editorial queda fijada en sus editoriales, y que jamás nos ha corregido una afirmación ni nos ha sugerido un tema. Una confianza a la que, modestamente, siempre hemos procurado corresponder.

Sin embargo, dicho lo anterior, no queremos ocultar nuestra coincidencia con el editorial que se publicaba en estas páginas el domingo antepasado sobre la línea editorial del periódico El Día y sus editoriales. Una coincidencia que nos lleva a insistir en un aspecto de la cuestión que nos parece especialmente lesivo para la convivencia democrática y la democracia. Ambas requieren la crítica política ejercida en libertad, una crítica política radical y sin contemplaciones. Y estos artículos dominicales son buena prueba de ello. Pero, al mismo tiempo, ambas exigen una crítica política respetuosa con la vida privada, el honor, la intimidad persona y familiar, y la propia imagen, que la Constitución garantiza. Y en esos editoriales se traspasan todos estos límites, en particular cuando se alude al presidente del Gobierno canario y a los diputados de Coalición Canaria en Madrid.

Las alusiones a estas personas suelen ser descalificatorias en términos personales -y hasta familiares- e inciden en aspectos de su vida que nada tienen que ver con su gestión pública. Ahora bien, con ser esto grave, no es lo peor. Porque cuando se invita a dimitir a Paulino Rivero o se le exige que lo haga -lo cual puede ser extravagante, pero legítimo en democracia- en demasiadas ocasiones se añade que, una vez fuera del poder, no podrá seguir viviendo aquí y tendrá que exiliarse. Y si la palabra y el concepto de exilio empiezan a ser usados en una democracia, eso significa que se han encendido todas las alarmas y se han traspasado todos los límites.

En una democracia no existe el exilio, no hay exiliados igual que no hay presos políticos. En una democracia pueden vivir libremente todos aquellos que no practican ni propugnan la violencia. La Constitución española garantiza las libertades de residencia y circulación. Y solo las dictaduras y las autocracias generan necesariamente un exilio, como el cubano o el incipiente venezolano. Una diáspora política que, por desgracia, también hemos sufrido los españoles en otros momentos más aciagos de nuestra historia. Simultáneamente, hemos sufrido la emigración por motivos económicos, aunque eso es un asunto muy distinto.

Liberales, afrancesados, carlistas, republicanos, la nómina de nuestros exiliados por toda Europa y América es amplia y dilatada en el tiempo. Una de las terribles secuelas de nuestra última guerra civil fue la ingente cantidad de exiliados que produjo. Y una de las ideas matrices de nuestra ejemplar transición política, hoy destrozada por el zapaterismo, fue que nunca nadie más tendría que marcharse de este país por motivos políticos si no practicaba ni propugnaba la violencia. Ese es el valor democrático fundamental contra el que atentan los editoriales de El Día y su obsesión por enviar al exilio a Paulino Rivero.

Los Estados nacen, se desarrollan y mueren. En el siglo XIX surgieron los Estados americanos. En el siglo pasado hemos asistido a una enorme cantidad de nacimientos y desapariciones de Estados producto de la descolonización o de la caída del muro de Berlín y el hundimiento de la Unión Soviética. Lo mismo que ella, Yugoslavia, Checoslovaquia, Alemania Oriental ya son solo fantasmas del pasado. Así pues, la unidad de España o su pervivencia como Estado ni son sagrados ni dejan de serlo. La historia y los españoles tendremos la última palabra.

La independencia de Canarias nos parece a muchos un solemne disparate social, político y económico, una majadería cultural y un desastre en términos democráticos. Pero se puede defender legítimamente siempre que se haga desde la paz. Y hay que reconocer que El Día lo hace de ese modo. No obstante, esos llamamientos al exilio deben concluir. Ni Paulino Rivero ni nadie tendrá nunca que marcharse de Canarias por motivos políticos. Y si eso llegara a suceder, querrá decir que nos hemos convertido en una República bananera de la peor especie, en la República bananera tercermundista y caciquil a la que nos llevaría ineluctablemente la independencia. En ciertas islas menores ya se atisban indicios de lo que nos podría suceder en cuanto al caciquismo político. Y a eso algunos lo denominan libertad y soberanía.

En un mundo que es forzosamente interdependiente, como está demostrando hasta la saciedad la actual crisis, en una Europa unida y en una España que es uno de los Estados más descentralizados del planeta, hablar de soberanía política es cuanto menos anacrónico. La soberanía fue entendida en los albores de la modernidad y luego del liberalismo como poder político supremo indefinido en el tiempo. Pero en ese sentido ya no existe y ningún Estado es soberano, ni siquiera los Estados Unidos. Por eso, la crisis de la soberanía y su relativización es un capítulo obligado en cualquier libro de texto de la materia. Y eso por no hablar de las propuestas económicas de los independentistas para el futuro de Canarias, que, además de ayunas del menor rigor técnico, son un conjunto de lugares comunes simplemente patéticos.

La independencia de Canarias es un señuelo que nos distrae y nos aparta de nuestros auténticos problemas. Y sería un error no conceder a ese señuelo la importancia que merece como potencial peligro para nuestra convivencia democrática, para nuestra calidad de vida y, en suma, para nuestra democracia. Sería un error no permanecer vigilantes ante su crecimiento y ante los insultos y las amenazas de exilio a nuestros políticos. Sería un error seguir soportando en silencio insultos, amenazas y señuelos que atentan contra nuestro porvenir, es decir, contra lo único que tenemos.