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La agilización procesal > José Domingo Gómez*

   

El pasado martes 11 de Octubre el BOE ha publicado la Ley 37/2011, de 10 de Octubre, de medidas de agilización procesal. El objeto de esta Ley, y según su Exposición de Motivos es el de incorporar determinadas medidas de agilización procesal en los órdenes civil, penal y contencioso-administrativo con el fin de suministrar a nuestros tribunales instrumentos procesales óptimos para la gestión procesal. Como modificaciones a destacar recogidas por las disposiciones de esta Ley, y entre otras, están las siguientes:
En materia penal se regula y detalla el modo de citar y comparecer del representante de la persona jurídica, señalando además al Procurador designado como la persona destinada a recibir todas las notificaciones y comunicaciones que se realicen a la misma, incluidas aquellas a las que la Ley asigna carácter personal. Asimismo se autoriza en los casos en que el acusado sea una persona jurídica que esta esté a su vez representada por otra persona para un mejor ejercicio del derecho de defensa, la cual incluso podrá declarar en nombre de la persona jurídica.
En materia contencioso-administrativa se amplía a 30.000 € la cuantía de los asuntos que a través del procedimiento abreviado pueden conocer los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, hasta ahora eran 3.000 €, aumentándose hasta 600.000 € (antes 150.253 €) la cuantía para poder interponer recurso de casación contra las sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia. Igualmente en los casos de los recursos de casación para unificación de doctrina se exige que para poder llegar al Tribunal Supremo la cuantía litigiosa supere los 30.000 euros.
Por otra parte y en materia civil las sentencias dictadas en juicios verbales cuya cuantía no exceda de 3000 euros no serán apelables ante la Audiencia, disponiéndose igualmente que el recurso de apelación se interpondrá directamente dentro del plazo de veinte días contados desde la notificación de la sentencia dejando de ser exigible la denominada preparación de la apelación dentro del plazo de cinco días desde la sentencia. En el caso de los recursos de casación contra las sentencias de las Audiencias se aumenta la cuantía del asunto de los actuales 150.000 euros a 600.000 euros, suprimiéndose igualmente la preparación previa del recurso el cual habrá de interponerse dentro del plazo de veinte días desde que se notifique la sentencia. A su vez y en los casos de ejecución provisional esta se puede solicitar en el plazo de veinte días desde que la sentencia sea firme, dejándose sin efecto la exigencia actual de la previa notificación al condenado.
Finalmente, y con una finalidad, valga la redundancia, claramente recaudatoria, se establecen una serie de tasas judiciales para las grandes empresas –aquellas que facturan más de seis millones de euros- que, por ejemplo, en los casos de los recursos de apelación obligan al apelante a depositar la cantidad de 300 € y en los de casación 600 €.
Esta Ley entrará en vigor el próximo 1º de Noviembre de 2011.

*Gómez-Toledo Abogados Hispajuris
Área de Derecho Procesal
www.gomeztoledoabogados.com