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La Conselleria de Sanidad de la Comunitat Valencia, obligada a pagar una indemnización de 100.000 euros por diagnosticar tarde un tumor

   

EFE | Valencia

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado a la Conselleria de Sanidad a pagar una indemnización de 100.000 euros a una paciente a la que no se le diagnosticó a tiempo un tumor de gran tamaño que la ha dejado en situación de incapacidad permanente.

Según la sentencia del TSJCV hecha pública hoy por la asociación El Defensor del Paciente, se declara probado que en el momento de presentar la demanda, la afectada, de 40 años de edad, había comenzado a padecer a los 31 “de manera intensa y habitual” fuertes dolores de cabeza con episodios de vértigo.

Estas dolencias fueron tratadas por el médico de atención primaria con analgésicos y rehabilitación por problema de cervicales, hasta que se hicieron habituales en 2002 y se intensificaron en enero de 2003, tras una caída.

Finalmente en septiembre de 2003 el médico de cabecera la remitió al Hospital Clínico de Valencia para que se le efectuase una valoración en neurología, en la que se le descubrió un meningioma de gran tamaño.

El 10 de octubre de 2003 fue intervenida y se consiguió una “exéresis quasi total” de la lesión, aunque fue necesario intervenirla de nuevo durante el mismo mes por desplazamiento del catéter abdominal.

Como consecuencia de esta actuación la afectada presenta numerosas secuelas, como atrofia cortical, riesgo indefinido de recidiva y de malignización de la masa tumoral residual, proceso degenerativo senil prematuro, pérdida de memoria e inestabilidad síndrome vertiginoso, por lo que se le ha concedido la incapacidad permanente para cualquier tipo de trabajo.

Por todo ello, la sentencia considera que se produjo una “tardanza en diagnosticar a la recurrente, que sin duda significa una infracción de la lex artis, al omitirse pruebas que hubieran sido necesarias dada la evolución de la sintomatología que presentaba”.

Asimismo, el documento considera que la evolución y el incremento de las dolencias de la paciente, junto con la aparición de nuevos síntomas, “sin duda debieron llevar a los servicios médicos de atención primaria a derivar a la recurrente con mayor premura al servicio de neurología”.

Según apuntan desde El Defensor del Paciente, la “actuación antijurídica de la Administración” con la paciente está determinada no solo por la ausencia de pruebas efectivas y la tardanza en el diagnóstico, sino también por el resultado de la intervención quirúrgica que le dejó con las secuelas que actualmente padece.