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La edad de los niños de los cayucos, en duda > Dori Merino

   

La defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, ha vuelto a sacar a la luz las deficiencias detectadas en los procedimientos para determinar la edad de los niños de los cayucos (la medición de la madurez ósea o la mineralización dental), según precisa el informe ¿Menores o adultos? Procedimientos de determinación de la Edad.

Al hilo de este documento, la Institución recalca 41 recomendaciones para erradicar esos errores, teniendo en cuenta que estas personas reúnen una doble condición de vulnerabilidad: extranjero en situación administrativa irregular y menor. Además, la oficina del Defensor del Pueblo ha detectado que, en ocasiones, las pruebas se realizan a solicitud de la autoridad policial o de los servicios de protección de menores, sin que exista autorización previa del fiscal, lo que pone de manifiesto que se desconoce que la competencia en esta materia está atribuida en exclusiva al Ministerio Fiscal.

En los centros de acogida del gobierno canario han vivido durante meses jóvenes como M. K., con una edad real de 35 años, mientras que la prueba ósea le daba sólo 17. Y este es uno de los múltiples casos registrados. Para colmo, el Defensor del Pueblo ha detectado que los procedimientos de determinación de la edad no reúnen las suficientes garantías y ha constatado que los criterios son dispares en cada comunidad, sin contar con que existe descoordinación entre las administraciones implicadas en la determinación de la edad.

En opinión de Cava de Llano, una de las tareas pendientes por parte de la Administración es solucionar la inoperancia del Registro de Menores No Acompañados. Su mal funcionamiento compromete gravemente el control de los procedimientos de determinación de edad realizados, lo que se traduce en la reiteración de pruebas médicas sobre las mismas personas. También impide la individualización de los interesados, así como el seguimiento de su situación y de su movilidad. Su falta de funcionamiento complica también la adopción de las medidas de coordinación entre la diversidad de organismos con competencias concurrentes en este ámbito.