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La fiscalía califica de “chatarra” al helicóptero accidentado en Lleida

   

EFE | Lleida

La Fiscalía califica de “chatarra” el helicóptero accidentado en Torallola (Lleida) en el año 2002 y considera que el siniestro, que provocó la muerte de ocho personas, se produjo por el mal estado del aparato y por el cúmulo de irregularidades de mantenimiento y documentación.

El juicio por este accidente ha arrancado hoy en Lleida con las declaraciones de los cuatro acusados: el máximo responsable de la empresa operadora Helieuropa Services, Pedro María Sáenz de Maturana; el director de Operaciones, Andrés García; el director de Calidad, José Carlos de la Peña, y el técnico de mantenimiento Carlos Mejías.

El propietario del helicóptero ha señalado al piloto, uno de los fallecidos, como el único responsable de que la nave, que no podía transportar viajeros, despegara ese día con pasaje.

La Fiscalía, sin embargo, sostiene que la ruptura en pleno vuelo del cono de cola de la aeronave y su consiguiente colisión contra el suelo “se hubiera producido cualquiera que hubiera sido el piloto y el copiloto del aparato”, según señala en su escrito de calificaciones.

El fiscal Juan Sagredo explica que Sáenz de Maturana adquirió el helicóptero, un Augusta Bell 205, en una subasta pública del Ejército del Aire.

El aparato, sin embargo, carecía de los elementos fundamentales para poder volar, como el motor o las palas, por lo que las demás piezas se compraron “en otras subastas” o se retiraron de otras aeronaves.

“Los acusados montaron un helicóptero de lo que no era nada más que chatarra”, subraya la Fiscalía.

El Ministerio Público explica, asimismo, que en octubre de 1996 la dirección general de Aviación Civil emitió, por error, el certificado de aeronavegabilidad para el aparato Augusta Bell 205 A1, un modelo “totalmente distinto” al que en realidad era la aeronave siniestrada, un Augusta Bell 205.

Este error de identificación del helicóptero no se subsanó hasta agosto de 2001, lo que motivó que durante cinco años se aplicaran a la aeronave programas de mantenimiento inadecuados.

Los acusados, además, según la Fiscalía, fueron responsables de la falta de revisiones exhaustivas del aparato en general y del cono de cola en particular y no aplicaron el manual adecuado de mantenimiento elaborado por el fabricante, dado que se aplicaba uno del año 1975 en lugar de uno de 1998, en el que se preveían revisiones específicas del cono de cola.

“En definitiva, compró una aeronave en estado de desguace, montándola en diferentes piezas y organizando un sistema de mantenimiento y revisiones en extremo deficiente”, afirma la Fiscalía, que solicita cinco años y nueve meses de prisión para cada uno de los cuatro acusados, así como una indemnización de 600.000 euros para los familiares de las víctimas.

El fiscal remarca además que los acusados “eran conocedores del cúmulo de irregularidades que adolecía el helicóptero siniestrado y todos ellos disfrutaban de facultades para ordenar que la aeronave suspendiese sus actividades de vuelo en tanto no fuera apta y segura”.ç

Una versión distinta a la que ha facilitado hoy el propietario del helicóptero siniestrado, que ha asegurado que el piloto es el único responsable del accidente, ya que realizó “un vuelo totalmente prohibido”, pues la empresa nunca dio autorización para que el aparato despegara con pasaje