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La Justicia cada vez más politizada > Alfonso Soriano Benítez de Lugo

   

Sabido es que una de las peores lacras de nuestra democracia es la politización de la Justicia. Los medios de comunicación reflejan todos los días casos de jueces cuyas sentencias se encuentran en entredicho por estar contaminados por la política de partido. No hace falta dar nombres. En los tribunales superiores, cuyos miembros son designados por los partidos políticos, se sabe de antemano el sentido de las sentencias, según su procedencia, ya sean conservadores o progresistas. La sentencia del Tribunal Constitucional legalizando a Bildu es el último ejemplo de politización de la Justicia.

A fin de hacer menos fácil la entrada en política de jueces y fiscales, hasta ahora la Ley Orgánica del Poder Judicial les obligaba a pasar a la situación administrativa de excedencia voluntaria, lo que comporta que el tiempo en que estuvieran en política no les contaba a efectos de antigüedad y que al reingresar en el servicio activo podrían encontrarse con dificultades para obtener un destino en su carrera. Por tanto, y a diferencia de los demás funcionarios, no se les concedía la situación de servicios especiales, que implica reserva de plaza y cómputo del tiempo a efectos de antigüedad. Y ello es lógico teniendo en cuenta que la Justicia es uno de los poderes del Estado, cuya independencia es fundamental en un Estado de Derecho. Para los militares las exigencias son todavía más drásticas, ya que los que entren en la política partidista deben pedir la baja en el Ejército.

Cuando lo deseable hubiera sido endurecer las condiciones en que jueces y fiscales pueden participar en la política partidista adoptando medidas para dificultar el regreso a la carrera una vez que abandonen los cargos políticos, al menos por cierto tiempo -como ha hecho ejemplarmente y sin que ninguna ley se lo exigiese el fiscal, don Eligio Hernández- nos encontramos que, sorpresivamente, en el último pleno del Senado se aprobó sin debate alguno y aprovechando un proyecto referido a otra materia (la ley de agilización procesal) una enmienda a la ley orgánica del Poder Judicial, para facilitar aún más la entrada en la política partidista de jueces y fiscales. Por supuesto que el Congreso de los Diputados ratificó la enmienda. Y lo más curioso es que si a lo largo de toda la pasada legislatura fueron muy raros los casos en que hubo acuerdo entre los partidos, para la aceptación de esta enmienda hubo unanimidad (343 votos a favor y una abstención). La reforma no contiene preámbulo ni exposición de motivos que justifiquen la modificación legislativa y entró en vigor al día siguiente de su publicación -el 23 de Septiembre pasado- sin el habitual plazo de veinte días, común al resto de las leyes. E incluso se obvió el informe del Consejo del Poder Judicial. Que ningún partido haya manifestado su desacuerdo y la propia tramitación de la ley hace muy sospechosa esta reforma, que solo se explica por el elevado número de políticos, de todos los partidos, que buscan desaforadamente la condición de aforados, privilegio de dudosa justificación.

Esta modificación de la legislación supone que de ahora en adelante si un juez o fiscal quiere entrar en política -aceptando un nombramiento para cargo político o de confianza o como candidato al Parlamento europeo, Congreso de los Diputados, Senado, Parlamentos autonómicos o Corporaciones locales- lo tiene fácil ya que pasa, al igual que los demás funcionarios, a la situación de servicios especiales, lo que comporta que desde la fecha de su nombramiento o aceptación del cargo se le computa como servicios efectivos en la Carrera Judicial el tiempo dedicado a la política de partido y pueden volver al ejercicio de sus profesiones de forma inmediata y manteniendo su antigüedad y categoría en la carrera. Esto es, sin lugar a dudas, una invitación en toda regla para que los jueces y fiscales participen en la política partidista. Y lo más grave es que la reforma tiene efectos retroactivos, de tal forma que los jueces y fiscales que actualmente se encuentren en excedencia voluntaria, “serán considerados, cuando así lo soliciten, en situación de servicios especiales desde la fecha de su nombramiento o aceptación del cargo, computándose como servicios efectivos en la Carrera Judicial el tiempo que hayan permanecido en dicha excedencia voluntaria”. Me parece inadmisible.

La gran mayoría de los jueces y fiscales que son unos magníficos profesionales y han sido seleccionados a través de durísimas pruebas selectivas -otra cosa son los denominados turnos y accesos politizados- han manifestado que consideran esta modificación “injustificable” y critican su efecto retroactivo porque beneficia a cargos públicos actualmente en ejercicio. La Asociaciones Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera judicial, ha criticado con dureza esta reforma que “compromete la credibilidad de muchas resoluciones judiciales futuras”, pues hace al Poder Judicial “permeable” a la actividad política. Hasta el Consejo General del Poder Judicial ha manifestado su malestar institucional, acordando por unanimidad, el pasado lunes, 24 de Octubre, dirigirse a los presidentes del Congreso de los Diputados y el Senado, “como consecuencia de no haber sido consultado en materia tan nuclear que concierne al estatuto de los jueces que no venía incluida en el anteproyecto inicial”.

Por de pronto ya han solicitado acogerse a la nueva legislación destacados políticos nacionales y autonómicos de la práctica totalidad de los partidos, entre ellos, los ex ministros socialistas y diputados a Cortes, Mariano Fernández Bermejo y José Antonio Alonso. El Sr. Bermejo ha vuelto al servicio activo en la carrera fiscal, nada menos que como fiscal de Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Estamos deseosos de ver en los programas electorales de los partidos con vistas a las próximas elecciones generales las medidas que propugnan para la verdadera despolitización de la Justicia. A la vista de lo sucedido al final de esta legislatura tenemos muy pocas esperanzas de una auténtica regeneración de la política.