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La segunda transición > Juan Julio Fernández

   

En vísperas de las elecciones nadie quiere hablar ni de copago ni de la reforma del sistema de salud y todos los candidatos se apresuran a manifestar que aplicarlos equivaldría a desmantelar el Estado de bienestar, cuando podría ser justamente lo contrario, al ignorar que la relación final entre los que tienen trabajo y los parados es decisiva a la hora de mantenerlo.
Los servicios del bienestar son responsabilidad del Estado y dependen, por un lado, de las transferencias del Estado a los ciudadanos vía prestaciones y subsidios y, de otra, de las de los ciudadanos al Estado, vía impuestos.
Y si atendemos a lo acaecido en Suecia, país al que se sigue viendo como paradigma del Estado benefactor, hay que reconocer que el colapso que se produjo al principio de los 90 cuando los socialistas perdieron el poder, se debió a que el paro desequilibró las finanzas públicas, evidenciando la vulnerabilidad de una estructura que descansaba en una altísima carga tributaria que, a su vez, solo podía mantenerse con una alta tasa de empleo.
Y al tiempo dejó claro que un sistema en que los beneficios recibidos por no trabajar superaban a los recibidos por hacerlo, exigía una drástica reforma para hacer más atractivo trabajar qué apuntarse al paro. Lo acaba de repetir José Bono a quien muchos, en su propio partido, consideran un lenguaraz o no le prestan atención.
De 1991 a 1994, el gobierno liberal conservador de Carl Bildt encaró el problema e introdujo reformas en la enseñanza y la sanidad, pero se quedó corto en las reformas pro-trabajo, a pesar de tener claro que una posible recuperación económica no se iba a traducir en una recuperación del empleo si antes no se recortaban los costos de contratación de mano de obra, para aumentar la oferta y estimular la demanda. Y cuando los socialistas volvieron al poder en 1994 no fueron capaces de seguir la línea marcada por los liberales, fundamentalmente por la intransigente oposición de los sindicatos que están en la base de la socialdemocracia -¿les suena esto?- y todo se saldó con un aumento del paro que afectó seriamente a los servicios del bienestar, a los que los suecos se habían habituado como a algo llovido del cielo, y en 2006 con otra derrota frente a la Alianza por Suecia, que supo convencer a la ciudadanía de que había que cambiar sustantivamente el balance fiscal a favor del empleo, rebajando impuestos y aliviando cargas sociales.
Ni soy especialista ni es mi intención seguir por este camino, pero sí me llama la atención que en España y a menos de un mes de unas elecciones que se presentan como cruciales para salir del atolladero en que estamos metidos, por desajustes externos e impericias internas y justo cuando se anuncian más parados, no se asuma que el actual sistema de bienestar es insostenible por el aumento de jubilados y longevos.
En Suecia, la Alianza que derrotó a los socialistas planteó una reforma pro-trabajo diciendo, bien a las claras, que tenía que rebajar impuestos y cargas sociales y prestar especial atención a la contratación de trabajadores de baja productividad, todo ello con la reforma de la estructura de los servicios en educación, sanidad y asistencia a niños, mayores y discapacitados, para reducir costos y mantener o mejorar su calidad. Y con medidas para aumentar la productividad, mejorando la cualificación de los asalariados con la reforma del sistema educativo -Suecia estaba al final del ranking de excelencia, con escuelas en las que los novillos, el lenguaje soez, el poco respeto a los maestros y los destrozos eran llamativos, según un informe oficial-, poniendo a competir a las escuelas públicas con las independientes en base al cheque escolar, para garantizar igualdad y libertad de elección.
Y reformando el sistema sanitario con copago, privatizaciones, cheque sanitario y ajustes para restringir su uso indiscriminado acudiendo a los centros asistenciales por cualquier eventualidad y para hacer vida social, algo que ocurre cuando todo es gratis total. Estas medidas fueron refrendadas en 2010 con una nueva victoria de la Alianza y otra derrota de los socialistas.
En España se habla ya de una Segunda Transición para dejar de mirar al pasado y encarar, con audacia, el futuro, lo que, de alguna manera, exige recuperar el consenso que impregnó la Primera.
Un reto -el mayor- para el Gobierno que salga de las urnas y para unos sindicatos obsoletos y una responsabilidad ineludible para los dos partidos mayoritarios -como hicieron al final de esta legislatura para reformar la Constitución y poner techo al déficit de las Autonomías-, es cambiar las estructuras -incluidas las del sistema financiero- para que el Estado de bienestar siga siendo posible, inviable sin mayor participación de empresarios y ciudadanos.
El Estado benefactor, tal y como lo hemos podido disfrutar hasta ahora, debe dar paso al Estado sostenible, que no es el actual.