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Los funcionarios hablan de llamar a la huelga por las medidas anticrisis

   

MARÍA FRESNO | Santa Cruz de Tenerife

Los funcionarios públicos anunciaron ayer que no descartan convocar una huelga ante el nuevo paquete de medidas anticrisis ideado por el Gobierno canario y que supone la ausencia de más contrataciones temporales en la administración pública y la ampliación de la jornada laboral en el sector sanitario.

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno regional, Francisco Hernández Spínola, presentó ayer dichas propuestas a los representantes sindicales de la función pública y les anunció que se incluyen en el anteproyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2012, que hoy precisamente aprueba el Consejo de Gobierno.

El secretario general de la Federación de Servicios Públicos (FSP-UGT) en Canarias, Francisco Bautista, se mostró absolutamente indignado tras finalizar el encuentro y anunció que UGT planteará, al resto de organizaciones sindicales, la convocatoria de una huelga en la sanidad. Asimismo, señaló que denunciarán, ante el Defensor del Pueblo, la ley de presupuestos al considerar que “se vulneran los derechos de los trabajadores”.

Según explicó Bautista, la medida de alargar la jornada laboral en el sector sanitario afectará a más de 28.000 trabajadores y supondrá pasar de las 1.512 horas anuales, que se hacen en la actualidad, a 1.645.

“Los trabajadores de la administración pública hemos estado arrimando el hombro desde hace tiempo y ahora, después de recortarnos los sueldos, nos piden esto y, además, sin posibilidad de negociar al incluirlo en la ley de presupuestos”, criticó.

En su opinión, el sector público está pagando la “ineptitud de un Ejecutivo que ha sido incapaz de sacarnos de la situación en la que estamos”. Los únicos culpables de que no se reduzca el gasto, insistió, son los “gestores públicos que ahora se dedican a recortar los derechos de los trabajadores”. Junto a esta medida, el Gobierno canario también les anunció que renunciará a las contrataciones temporales en toda la administración pública “salvo en casos excepcionales y de urgencia”.

Sin sustituciones

Según señaló Francisco Batista, esto supone que, si un profesor o un sanitario, se pone enfermo, “no va a ser sustituido”. “Se trata de unas medidas de una gravedad extrema”, indicó Batista, “y por ello no nos vamos a quedar con las manos cruzadas”.

Los empleados públicos, agregó, “hemos cumplido con el momento en el que estamos y no es normal que ahora, por ley, se nos impongan estas medidas que van contra los derechos de los trabajadores públicos”, insistió.

Estas propuestas que presentó ayer el Gobierno, justo un día antes de aprobarse el anteproyecto de los presupuestos, entrarán en vigor a partir del 1 de enero del año próximo.

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Efectividad

El Gobierno estatal y regional aplican, desde hace unos años, una serie de medidas a los funcionarios con el objeto de reducir el gasto. La primera y más polémica fue la reducción del sueldo un 5%, lo que provocó una huelga nacional. Junto a ellas, el Ejecutivo canario se plantea, siempre con el objetivo de recortar los gastos, la de reducir la burocracia y los liberados sindicales, tal y como ya se aplica en otras zonas de la Unión Europea.

Las principales centrales sindicales de las Islas están recopilando datos sobre lo que realmente se ahorraría la administración pública canaria con la aplicación de estas medidas, a las que se unen ahora la propuesta de los empresarios de pasar los días festivos a los lunes o viernes para así ganar en productividad.

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