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Pena de muerte > Sergio García De la Cruz

   

Hoy 10 de octubre se celebra el Día Mundial contra la Pena de Muerte, y Estados Unidos estará de nuevo en el punto de mira. En 1976 su Tribunal Supremo reinstauró la pena de muerte como castigo ejemplarizante para los que cometieran delitos de sangre, influenciado, en parte, por los estados sureños, y dejó a los estados la capacidad de decidir si la ponían en práctica o no. En la actualidad está abolida para los menores de 18 años y disminuidos psíquicos.

Treinta y cuatro estados mantienen vigente la pena capital. Los últimos en abolirla han sido Illinois, Nueva York, Nueva Jersey y Nuevo México, pero aun hay 3.260 reos en los corredores de la muerte a lo largo de todo el país. Los presos condenados a la pena máxima pasan una media de 15 años desde el momento que reciben la sentencia hasta que se da el cumplimiento de la misma.

La cuestión principal es la duda y de una posible inocencia, no debemos olvidar que los juzgadores son humanos y se cometen errores; un estudio de 1987 publicado por la Stanford Law Review descubrió que al menos 350 personas habían sido erróneamente declaradas culpables de crímenes potencialmente capitales entre 1900 y 1985. De esas personas inocentes, 130 fueron condenadas a muerte, y 23 fueron ejecutadas. Desde 1973, 75 personas condenadas a muerte han sido puestas en libertad tras haberse probado su inocencia. Han estado una media de siete años en el corredor de la muerte. El Tribunal Supremo detuvo en 1972 las ejecuciones aduciendo entre otras razones el riesgo de ejecutar a inocentes, pero en el caso de Herrera contra Collins (1993) ese mismo tribunal falló que la inocencia no hace al caso si no ha quedado determinada en el primer juicio.

Mientras que los ricos pagan su salida del sistema, los pobres dependen de abogados de oficio con poca experiencia en casos de delitos capitales. Al menos en tres casos vistos en Texas, los abogados se durmieron durante juicios por delito capital, pero los tribunales decidieron que esto no violaba el derecho constitucional a la asistencia legal, porque “la constitución no dice que el abogado tenga que estar despierto”, una decisión que fue refrendada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Hace treinta y cinco años, 27 procuradores generales apoyaron ante el Tribunal Supremo una instancia a favor de que los pobres tuvieran derecho a un abogado. El año pasado, la Asociación Nacional de Procuradores Generales culminó con éxito una campaña para eliminar tal provisión de fondos.

*Experto en Seguridad Ciudadana y Bienestar Social. Profesor de Seguridad y Protección