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Piden jueces territoriales para los juzgados con más carga

   

AGENCIAS | Las Palmas de Gran Canaria

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Castro Feliciano, reclamó ayer jueces de adscripción territorial ante la posibilidad de que en 2012 no se creen los nuevos órganos judiciales demandados en 2010 para las islas. Castro, en el discurso que pronunció con motivo de la apertura del nuevo año judicial, manifestó que espera que esta petición sea apoyada por el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Comunidad Autónoma. Se trata, según precisó, de que se nombren jueces de adscripción territorial o, en su defecto, de jueces o magistrados en comisión de servicio sin relevar sus funciones, o jueces sustitutos de refuerzo en aquellos órganos judiciales con mayor volumen de trabajo.

Estos nombramientos deben ir acompañados también de secretarios judiciales, en los casos que fueran necesario, y de personal auxiliar, para que la medida sea lo suficientemente efectiva, pidió Castro. Así mismo, solicitó que los Servicios Comunes Procesales cuenten con la infraestructura adecuada para hacerse cargo de todos los juzgados del mismo partido judicial y órganos colegiados radicados en una misma sede. Ante la “lentitud” en la implantación de la nueva Oficina Judicial, es preciso que, en los partidos judiciales que sí cuentan con esa infraestructura, al menos, se vayan creando estos Servicios Comunes, como es el caso de Telde y San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria; Arona, en Tenerife; y Arrecife, en Lanzarote; y en un futuro próximo, Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna. También exigió como “inaplazable” un plan de infraestructuras del territorio ante la necesidad de que se construyan nuevos edificios judiciales y se agrupen sedes para dar un mejor servicio público al ciudadano. Según Castro, urge así mismo la dotación de magistrados especialistas en las salas de lo Social del Tribunal Superior de Justicia en Las Palmas (ya creada, pero desde hace años sin ser cubierta) y en Santa Cruz de Tenerife (con bajo coste para las arcas públicas), así como la creación en ésta de una nueva plaza de magistrado.

En su discurso, Castro se comprometió por “la rapidez en los procedimientos en nombre de todos los que forman el sistema judicial”, pero remarcó la necesidad de más jueces, por el aumento de la carga de trabajo, así como de una mejor gestión. “Entretanto, todos los que conformamos el organigrama judicial, nos esforzaremos en procurar que los procesos de los que conocemos se resuelvan en plazos razonables”, aseveró.

Alta litigiosidad

Castro recordó que la tasa de litigiosidad en Canarias en 2010 fue “muy alta”, con 212,3 asuntos por cada 1.000 habitantes, solo superada por Andalucía y Madrid, aunque se ha reducido levemente respecto al año 2009. También informó de que la tasa de resolución sigue siendo también alta como consecuencia del esfuerzo del personal que trabaja en Justicia, y figura por encima de la media nacional. Solo un 0,2% de los asuntos ingresados se dejaron de resolver en el año, dijo Castro, para quien la situación “no es óptima, pero no deja de reflejar un hecho que dificulta una mayor efectividad: la alta movilidad del personal judicial”.

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Suben las denuncias de violencia machista

El número de denuncias de mujeres víctimas de violencia machista se ha incrementado en Canarias de manera moderada durante el segundo trimestre de 2011, al registrarse un total de 2.137 en los juzgados de las Islas frente a las 1.947 que se produjeron en los tres primeros meses de este año. La vocal del Consejo General del Poder Judicial para Canarias (CGPJ) y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica, Inmaculada Montalbán, destacó también ayer que los órganos judiciales otorgan en un 62% de los casos la protección que solicitan las mujeres que acuden a los tribunales.

Por otra parte, el fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, en referencia a la memoria de la Fiscalía 2010, también solicitó mejoras para los centros de menores, tanto en medio materiales, como en formación del personal que los atiende, y ha pedido más atención a la condiciones en las que se presta la asistencia social a las personas mayores con minusvalías.

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