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Plan prever > Leopoldo Fernández

   

Según anunciaron ayer las asociaciones de fabricantes y de vendedores de turismos, si se mantiene la tendencia del mercado el parque automovilístico nacional será el próximo año el más viejo de la historia, ya que la proporción de coches de más de diez años de antigüedad se situará en torno al 42% -49% en Canarias-, con los consiguientes efectos negativos para el medio ambiente y la seguridad vial. A causa de la crisis económica, no son pocas las personas que retrasan la renovación de sus vehículos, creando así problemas añadidos a un sector que, no obstante, es el más importante por su volumen exportador, como lo prueba el hecho de que en el último ejercicio superó los 35.000 millones de euros, el 18% de las ventas españolas al extranjero. La caprichosa supresión del Plan Prever, que desde el Ministerio de Industria incentivaba la compra de turismos, ha traído consigo un efecto perverso al dejar a este sector estratégico al albur de los adversos acontecimientos que afectan a los consumidores. En Canarias, donde el parque automovilístico es mayor en proporción al número de habitantes, y más viejo -el incremento de vehículos con más de cinco años de vida aumenta anualmente, desde 2007, un 24%-, la situación es particularmente grave, pese al ligero incremento de matriculaciones de los últimos meses, ya que la contracción de las ventas supera el 45% a lo largo de los últimos tres años y medio. En estas condiciones, no sería descabellado que el Gobierno de Canarias pusiera en marcha un Plan Prever o Renove de ámbito autonómico, capaz de dinamizar la venta de automóviles -sobre todo los híbridos y eléctricos- y, de paso, apoyar a los correspondientes subsectores del entramado principal, como talleres de reparación, venta de repuestos, neumáticos, etc.

Como es lógico, no se trata de incentivar al buen tun tun la venta de coches, sino hacerlo de modo inteligente, primando la sustitución de los turismos más antiguos -a partir de diez años, por ejemplo- por otros nuevos, de modo que no se incremente el parque automovilístico sino que se gane en seguridad en la circulación, con la consiguiente reducción de accidentes, y en el lanzamiento a la atmósfera de menores partículas contaminantes. Esta política disminuiría también los costes sanitarios y permitiría consolidar las plantillas de la industria importadora de vehículos y de su sector complementario, además de incrementar la recaudación de impuestos. Se trata en definitiva de poner en marcha una operación de sentido común, para propiciar la renovación de nuestra flota de vehículos en línea con los planteamientos de la Unión Europea y de nuestros propios intereses autonómicos.