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Presupuestos en veremos > Francisco Pomares

   

Contra todo pronóstico, el Gobierno de Canarias ha decidido acudir al máximo nivel de endeudamiento permitido dentro del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, para poder así incrementar en algo más de un punto porcentual sus cuentas del año 2012 en relación con las de este aciago año de 2011. No es que sea para tirar voladores: con el aumento, los recursos de que dispondrá el Gobierno supondrán algo más de 6.700 millones de euros, si se cumplen las previsiones de recaudación presentadas por primera vez por Javier González Ortiz. Que es difícil que se cumplan, como ya ha adelantado con displicente malevolencia José Manuel Soria. El exconsejero de Hacienda se ha tomado con algo de sorna la previsión de un 0,8 por ciento de crecimiento económico, y con cuchufleta las previsiones presupuestarias de ingresos estatales, cuando resulta que los Presupuestos Generales del Estado no tienen aún padre conocido. La cosa es que, aunque se cumplan las previsiones de Ortiz, el incremento en el endeudamiento va a servir de bien poco: apenas cubre por los pelos la disminución de ingresos.

Con tan discretos mimbres, el presidente Rivero ya ha aprovechado para sacar pecho. Lo hizo el lunes en Las Palmas, afirmando que su Administración va a gastarse siete de cada diez euros en garantizar el funcionamiento de Sanidad y Educación. Se trata de una verdad aproximada: en realidad, el Gobierno va a dedicar un 67 por ciento del dinero a atender todos los gastos sociales, no solo los relativos a Sanidad y Educación. Pero es cierto que son estas dos grandes partidas las únicas que crecen, aunque sea mínimamente. Ese compromiso con el gasto social implica en el reverso de la moneda una mala noticia: la inversión pública directa descenderá más de cinco puntos en relación con este año ya escasamente inversor, y las transferencias de capital -el dinero que sale del Gobierno en dirección a otras instancias- disminuirá casi un 20 por ciento. No hay más cera que la que arde, y es muy poca. El tradicionalmente bien engrasado sistema de subvenciones que ha marcado en el pasado la relación entre el Gobierno, las corporaciones locales y las instancias sociales será paulatinamente sustituido por una nueva cultura de créditos participativos, que en román paladino quiere decir ajo y agua. O así. Como única noticia tranquilizadora está la intención del Gobierno regional de no reducir salarios a los funcionarios. Ni a los altos cargos, ejem… Ya veremos si Rajoy está de acuerdo.