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Reforma > Alfonso González Jerez

   

Ya el Conde Duque de Olivares, en uno de sus memorandos a Felipe IV, le advertía que no prestase más atención a la plaga de los arbitristas y que ya estaba bien de reunir consejos y comités para analizar entre miles de legajos las reformas urgentes que necesitaban los reinos de Su Católica Majestad. Había que actuar de una vez (para Olivares, por supuesto, actuar de una vez suponía que se le reconociera la capacidad de poner en práctica de inmediato su estrategia política) y dejarse de más dilaciones y disquisiciones y reuniones “porque el tiempo se está acabando a toda prisa”. Después de tres interminables años de crisis económica y desempleo crónico, el presidente del Gobierno autonómico, Paulino Rivero, anunció una comisión para estudiar la reforma de las administraciones públicas e incluso la contratación de un informe hercúleo a una consultoría privada. Desde el siglo XVII en España, cuando el poder no quiere tomar una decisión que lo desgaste, perturbe o acongoje, convoca una comisión, y eso es lo que ha hecho el Ejecutivo regional, en una de las piruetas más estúpidas e irritantes de los últimos años. Simplemente se trata de una doble irresponsabilidad: la primera, no abordar el asunto hasta llegar a una coyuntura escandalosamente crítica; segunda, tomar al fin la decisión de posponerlo hasta que un comité de expertos, refrendado por un informe técnico que costará una pasta muy gansa, no eleve sus consideraciones hasta los sitiales de los excelentísimos señores. Una pequeña confusión informativa produjo hace unos días la reacción airada de los sindicatos y los comentarios sarcásticos del común de los mortales: el control de la presencia de los funcionarios públicos. Hace años se instaló un sistema electrónico que permite, a través de la huella digital, conocer perfectamente las vicisitudes del funcionario en su puesto de trabajo; sus presencias y sus ausencias y en general todas las incidencias en su vida laboral cotidiana. El Gobierno autonómico se limitó a insistir en la aplicación rigurosa del sistema de control, pero todas las tonterías pronunciadas o escritas al respecto solo ilustran el descomunal despiste que existe respecto a la función pública. El problema no reside en el abstencionismo laboral. Los problemas se encuentran en la productividad, la escasa formación continua, la fragmentación en grotescos reinos de taifas, la duplicación de funciones, la inextricable maraña de normativas y reglamentos internos. Y con todos los respecto, Hernández Spínola no le encuentro mucho parecido con el Conde Duque. Claro que Paulino Rivero tampoco es Felipe IV. En fin.