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Seguridad jurídica > Leopoldo Fernández

   

Una vez más, el Gobierno canario ha salvado los muebles y ha salido indemne de un asunto, más que feo, preocupante, porque podría haber generado unas responsabilidades patrimoniales para la Comunidad Autónoma de 136 millones de euros. Me refiero al pleito que había instado la empresa Dehesa de Jandía, SA, del grupo Lopesan, a cuenta de la suspensión del proyecto turístico de 6.000 camas que tenía previsto poner en marcha en el municipio majorero de Pájara y que fue paralizado por la Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias de 2003. Este asunto, sobre el que acaba de pronunciarse el Tribunal Supremo, es cuantitativamente más importante que el caso Tebeto, donde se solicitaba una indemnización, que finalmente quedó en nada, de 101 millones, si bien la cuestión de la montaña nada tiene que ver con el turismo; pero ambas materias tienen en cambio algo en común, y es la deficiente gestión de los asuntos públicos.

A cuenta de la moratoria turística de 2001 y de los efectos de las mentadas directrices, la Comunidad Autónoma está aún envuelta en varios pleitos -una veintena, como mínimo- en los que se le reclaman, en concepto de lucro cesante, más de 700 millones de euros por varios grupos empresariales que vieron paralizados diferentes proyectos turísticos. Algunos de los reclamantes no han podido acreditar como es debido el quebranto sufrido por sus expectativas de negocio, en unos casos por deficientes planteamientos jurídicos sobre los eventuales aprovechamientos urbanísticos y en otros por la influencia, directa o indirecta, de normas y convenios de planeamiento y clasificación de suelo que a la postre condicionaban los proyectos de inversión.

Se puede afirmar que el Gobierno ha tenido suerte, al menos hasta ahora, al encontrar en el Tribunal Supremo -normalmente no ha sido así en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias- un aliado que ha recogido sus argumentos o, cuando menos, ha aceptado unas tesis discutibles, pero con apoyatura legal, por diversos defectos formales planteados por los recurrentes. Aun dando la sentencia la razón al Gobierno autonómico, no por ello cabe descalificar sin más las actuaciones de los particulares. Quiero decir que se puede tener la razón legal, pero no la económica y la moral ya que la autoridad no puede disponer a su libérrimo antojo -como ha hecho en algunos casos- de derechos legítimamente adquiridos o de expectativas de negocio que se han venido abajo por actuaciones arbitrarias. Y es que, sin seguridad jurídica plena, el Gobierno espanta al inversor en aquellos proyectos que tanto necesitan las Islas para crear empleo y fomentar el desarrollo.