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Trabajo comunitario > Miguel L. Tejera Jordán

   

El Ayuntamiento de La Laguna está a punto de aprobar una nueva ordenanza municipal con la que regulará la ingesta del alcohol en la vía pública. Se trata de sancionar con trabajos comunitarios a todas aquellas personas que beban en la vía pública y que alteren la convivencia durante las largas y a menudo virulentas noches del botellón. Pues bien, chapó por el Ayuntamiento. Porque la multa económica la pagaría papaíto, pero el trabajo comunitario lo tendrá que desempeñar el nene, o la nena, cada vez que los trinquen dándole al morapio en el bordillo de una acera, o sacando las litronas -o algo peor- de los maleteros de los coches, convertidos en improvisadas bodegas desde las que se extraen las más variadas composiciones etílicas. Que papá pague 91 euros si la falta es leve y hasta 302 si la cosa es grave, hacía que el bolsillo resultase tocado. Pero no el amor propio ni la responsabilidad del vástago, que tiene que saber lo que es respetar los espacios que son de todos y donde, a la mayoría, no nos gusta contemplar el penoso espectáculo de la borrachera sin igual. Así que me parece fenómeno que le endilguen al infractor el trabajo comunitario, para que durante 18 días, o más, bajo control y sin que nadie se escaquee, como en los cuarteles antaño, le dé al callo y comience por pintar, arreglar y adecentar aquello que ha estropeado. Buena táctica que el infractor le pase la brocha a fachadas llenadas de pintadas, barra las aceras y sus pretiles, recoja la basura de las papeleras y deje los espacios urbanos como una patena. Todo ello en beneficio de sus congéneres, los ciudadanos, que, con todo el derecho del mundo, no tenemos por qué caminar por las calles o aceras pisando vómitos, orines y toda suerte de residuos “botellinescos”.

Se me antoja que la ordenanza habría que hacerla extensiva a otros comportamientos poco cívicos de una parte de la ciudadanía. Por ejemplo, metiéndole la sanción económica, pero también el trabajo comunitario, al fumador que arroja la colilla al suelo, o al carrasperas de turno, que se pasa el día empatiñando los suelos con sus secreciones nasobucales, o buconasales -como prefieran-, porque no le han enseñado lo que es un pañuelo, que ahora los hay de papel, desechables. Tampoco estaría mal extender la cobertura de la ordenanza a los dueños de mascotas urbanas que salgan a pasearlas sin la obligada bolsita para la recogida de los residuos, que, dicho sea de paso, se acumulan por doquier, extendiendo un manto de mal olor por ciudades y pueblos. Que tengo para mí que meadillas y cagaleras de perros como en Canarias no se ven en ningún lado. Se significa que la ordenanza lagunera incluye unas cuantas horitas de teoría, para que los gamberretes aprendan a ser personas y entiendan que la papelera cumple una función social y le cuesta dinero a la comunidad, porque no sale gratis, ni nadie la regala. Lo mismo puede decirse de los bancos de los parques y paseos y del restante mobiliario urbano que estamos obligados a respetar, no sólo por civismo, sino por puro sentido común y porque no están los tiempos para gastar en cosas que no se rompen por sí mismas. Este tipo de reglas son imprescindibles para que los rebenques entren por el aro. Y que no me vengan con que aprobamos normas dictatoriales. Porque no hay peor dictadura que la que se deriva de los malos hábitos del gamberrismo, que nos hace pasar por su propio y despreciable aro a todos cuantos respetamos los espacios públicos. El dueño de un perro que no recoge su mierdecilla y la deja plantada en la acera, debería ir a limpiar las perreras de Valle Colino y echar una mano a las ONG.