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Varapalo judicial

   

JOSÉ L. CONDE | GRANADILLA

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo, número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha fallado que la compañía Endesa tendrá que pagar 6.000 euros, en vez de 72 millones de euros, en concepto de sanción impuesta en su día por el Ayuntamiento de Granadilla, cuando gobernaba Carmen Nieves Gaspar, por una infracción grave en materia de urbanismo al iniciar las obras de instalación del segundo ciclo combinado en la central eléctrica de Granadilla, según ha podido saber este periódico en fuentes jurídicas. Contra la sentencia, a la que ha tenido acceso Diario de Avisos, y que estima parcialmente el recurso presentado por Endesa, cabe la presentación del correspondiente recurso de apelación.
La sanción de 72 millones impuesta por la corporación municipal se remonta a mayo de 2009 cuando era alcaldesa la nacionalista Carmen Nieves Gaspar que gobernaba con el apoyo del PP, que lidera Esteban González, y el portavoz de Alternativa Si Se Puede, Antonio Cabrera.

Como se recordará Endesa inició las obras de ciclo combinado para la instalación y puesta en marcha de dos turbinas de gas de 70 MW cada una, dos calderas de recuperación y una turbina de vapor, que forman parte del ciclo combinado de 210 MW, trabajos que fueron paralizados por el Ayuntamiento al considerar que no había licencia para ejecutar este proyecto energético conforme a la legislación urbanística prevista en la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (TRLOTC y ENC).

Según estas leyes es infracción grave la realización de actos y actividades de transformación del suelo mediante la realización de obras, construcciones, edificaciones o instalaciones sin la cobertura formal de las aprobaciones, autorizaciones o licencia cuando correspondan.

Silencio administrativo

La compañía eléctrica en este sentido alegó que no había infracción al haberse obtenido la licencia de obras por silencio administrativo, dado que había transcurrido el plazo máximo para su resolución.
Sin embargo, la sentencia resuelve en este sentido que la compañía recurrente sí incurrió en una infracción y que resulta procedente la imposición de una sanción, ya que la obra se ejecutó sin previo otorgamiento de la licencia de obras. También entiende que no cabe el silencio administrativo al ser necesario el desarrollo de un Plan Especial que pormenorice el uso del suelo urbano industrial no consolidado.

La sentencia sí discrepa en cuanto a la cuantía de la sanción impuesta por la corporación municipal. En este sentido explícita que la multa de 72 millones de euros podría ser aplicable “al promotor que construye un edificio para venderlo, puesto que el beneficio está en la actividad de construcción, pero en este caso la actividad no es la construcción sino la generación eléctrica de interés general. Esta generación eléctrica no se había producido en el momento de la paralización de las obras por parte del Ayuntamiento, puesto que la central térmica de ciclo combinado no podía generar electricidad al estar en construcción”.

Un retraso de cuatro años

El juez destaca que se aprecia en los actos previos de Endesa, es decir, que había solicitado un informe urbanístico al Ayuntamiento cuatro año antes y también la solicitud de licencia de obra mayor con aportación del proyecto por triplicado dos años antes, una intención de cumplir con el mandato del Plan Energético de Canarias (PECAN 2006) y no un intento de transgredir la planificación urbanística para enriquecerse.

Se añade en el fallo el decreto del presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, para posibilitar la implantación del Ciclo Combinado en Granadilla dada “la situación de riesgo de cobertura de la demanda eléctrica”. “Se trata de una llamada al orden y coordinación institucional para velar por el interés general supramunicipal en la debida garantía de suministro eléctrico”, se explica en la respuesta al recurso presentado.

Planes territoriales

Una de las modificaciones legislativas en que se fundamenta el fallo es la consideración de Directriz de Ordenación Sectorial al Plan Energético de Canarias, lo que excluye cualquier duda futura sobre su naturaleza normativa y obliga a ajustar los planes de ordenación territorial insular y de ordenación urbanística. Otra de las consideraciones destacadas en que “hay concurrencia de un incumplimiento del deber de planificar por parte del Ayuntamiento (inexistencia del Plan Especial) y retraso por el Cabildo Insular de Tenerife del Plan Territorial Parcial, que son necesarios para obtener la licencia de obras”.

Cuantía mínima

El magistrado para rebajar la sanción de 6.000 euros, que es la cuantía mínima imponible, aprecia las consideraciones atenuantes de ausencia de intención de causar un daño tan grave a los intereses públicos o privados; paralización de las obras de modo voluntario tras la inspección y advertencia, pese a los perjuicios económicos que supone para Endesa: la intención de dar cumplimiento al PECAN en beneficio de los intereses generales; haber solicitado la licencia de obras dos años antes y que “no puede tener el mismo tratamiento quien solicita la licencia sin recibir respuesta de la Administración, que quien prescinde del sometimiento al control previo de legalidad que supone la licencia”.
El Ayuntamiento también tendrá que abonar los honorarios del perito, que dictaminó que el final de la obra civil ejecutada en el momento de la suspensión de la obra era de 8.5 millones de euros y no los 72 millones que habían calculado inicialmente los técnicos de la corporación municipal sureña.