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“Me hago la prueba porque tengo que saber quién soy”

Varios de los presentes en la cita de Anadir, ayer, en Santa Cruz de Tenerife. / SERGIO MÉNDEZ

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

“¡Es que tengo que saber quién soy!”. Tomás no vive desde hace mes y medio cuando, a sus 42 años de edad, este padre de familia se enteró de que era adoptado en el acaloramiento de una disputa con una prima. “Mi padre y mi madre siempre serán mi padre y madre, pero desde ese momento no soy quien soy, siento que mi vida no es mi vida; por eso estoy aquí”. La explicación de Tomás se asemeja a la que ofrecen otros que, en un número cercano al medio centenar, acudió ayer por la tarde al santacrucero Edificio sindical al objeto de facilitar una muestra de ADN y ser informados.

La cita se produjo con motivo de una convocatoria de Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), integrada en la plataforma del caso de los niños robados entre los años cincuenta y ochenta del siglo pasado. Además del coordinador de Anadir para Canarias, Leovigildo Redondo, al acto acudieron las representantes de Madrid, Sandra Mateo, y la de Valencia, Susy Cabrerizo, así como una cincuentena de afectados.

“Esperábamos más porque estimamos que en Canarias hay al menos unos 150 afectados”, destacó Mateo durante la reunión pero, en líneas generales, “el balance que ofrecemos es positivo porque hemos facilitado toda la información disponible a gente que desconocía muchos aspectos”, apostilla Redondo.

Contentos con Almendral

Las explicaciones facilitadas por esta organización a sus socios están relacionadas con el cambio de estrategia jurídica -“sobrevenido y obligado”, apunta Redondo- que ha decidido Anadir tras comprobar que son más efectivas las querellas personales que las conjuntas. “Se han archivado muchas denuncias, pero no consta que haya decaído ninguna de las presentadas en Tenerife. Agradecemos mucho a la fiscal jefe provincial, Carmen Almendral, el interés que muestra en el asunto”.

La cita también sirvió para que, quien lo quisiera, facilitara muestras de su ADN para si envío a un banco nacional y cotejarlas con la del resto de asociados a Anadir. “El fiscal general del Estado prometió que las pruebas de ADN se pagarían con dinero público, pero todavía estamos esperando”, recuerda Redondo.

Son quince las muestras de ADN que viajan hoy a la Península, pero cada una de ellas encierra dudas vitales. Tomás no aguantará al resultado: “La semana que viene le preguntaré a mi madre de 80 años. Será duro para los dos, pero quiero que me diga quién soy”.