Philipp reclama justicia

El próximo domingo se cumplen 7 años de la muerte de Philipp. | DA

JOSÉ LUIS CÁMARA PINEDA | SANTA CRUZ DE TENERIFE

Cada mes de noviembre, desde hace siete años, Petra y Manuel reviven aquel trágico día 13 sin que nadie les haya dado todavía una explicación. Su hijo, Philipp García Zoch, de 16 años, apareció muerto en el antiguo centro de menores con medidas judiciales Nivaria, en La Esperanza, en un siniestro episodio que aún está por esclarecer.

Los hechos ocurrieron entre las 12 y las 4 de la madrugada, un periodo de tiempo sobre el que todavía pesan muchas incógnitas y que culminó en la habitación que ocupaba el joven Philipp, quien fue encontrado con una bolsa de plástico en la cabeza en su propia cama.

Desde entonces, las contradicciones e irregularidades han marcado una investigación que, presumiblemente, culminará en un juicio que, siete años después, todavía no tiene fecha. En el banquillo de los acusados, en cualquier caso, se sentarán cinco miembros de la empresa Seguridad Integral Canaria y una educadora de la Fundación Ideo, entidad que gestiona los centros de menores tutelados de la Consejería de Políticas Sociales del Ejecutivo autonómico.

Todos ellos son considerados responsables por parte de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife quien, en su escrito de acusación, destacó entonces “el constante acoso que sufría Philipp García por parte de otros menores y también por mayores de edad empleados como vigilantes de seguridad, con la absoluta pasividad de los responsables del centro”.

“Si llego a saber el final que le esperaba a mi hijo, lo hubiese tenido en casa”, explica Manuel García, quien asegura que Philipp fue “agredido verbalmente, insultado y amenazado” durante su estancia en el centro Nivaria.

En su informe, dado a conocer en diciembre de 2007, la Fiscalía apuntó la posibilidad de que el menor pudiera quitarse la vida de manera voluntaria, aunque con enormes reservas, dado que “existen lagunas y pruebas tan abrumadoras que nos llevan a pensar que la muerte de Philipp pudiera haber sido causada intencionadamente por terceras personas”, exponía el escrito. Esa misma idea persigue desde aquel 13 de noviembre a los padres del joven, que siempre han apostado por el homicidio de Philipp. “Mientras me quede una gota de sangre lucharé para esclarecer su muerte”, subraya Manuel, quien acusa a la entonces Dirección General del Menor y a la propia Consejería de Bienestar Social de obviar aquel trágico suceso.
“El juicio pondrá de manifiesto todas las irregularidades que se cometían en ese centro”, denota el padre del fallecido quien insiste en que Philipp murió de forma violenta “sin que nadie hiciera nada por evitarlo”.

En el proceso judicial, que presumiblemente se abrirá a principios de 2012 -según afirma el abogado de la familia, Sergio Arbelo-, se citarán como testigos a varios responsables políticos de la Consejería y a agentes de la Guardia Civil que analizaron las cintas de seguridad del centro de La Esperanza, así como a la antigua directora del mismo.

De igual modo, expone el letrado, “en el trámite procesal, el Gobierno de Canarias ha aportado una póliza de seguro que se ha incluido en la fase de instrucción, que está prácticamente terminada”.
El fiscal y la acusación particular solicitaron penas de cinco y seis años de prisión para los cinco miembros de la empresa de seguridad y la educadora de Ideo, quien llegó a afirmar en su declaración que desconocía cuáles eran sus competencias en el centro, pues la directora no le había explicado nada al respecto; y tampoco conocía, salvo lo básico, los derechos y obligaciones de los menores, por lo que no sabía cómo impedir las amenazas y agresiones.

Dejación de funciones

Por su parte, el encargado la noche de autos de mantener la seguridad en el módulo donde se encontraba Philipp, tras haber presenciado las amenazas que recibió el joven, “abandonó su puesto de trabajo y se fue a dormir”, según consta en el informe de la Fiscalía. Ésta solicitaba una indemnización para los padres de 60.000 euros, mientras que la acusación particular elevaba esta cifra a 300.000.
Petra y Manolo, no obstante, solo piden justicia para Philipp, cuyo caso marcó un antes y un después en el tratamiento de los menores con medidas judiciales en el Archipiélago.

No en vano, apenas unas semanas después del fallecimiento del joven tinerfeño, Nivaria cerraba sus puertas, que solo volverían a abrirse en el año 2006 de manera excepcional para acoger a menores inmigrantes llegados durante el momento más crítico de la crisis de los cayucos.

“Aunque sabemos que va a ser duro encontrarnos de frente con algunas de las personas que estuvieron aquella noche con mi hijo, queremos que de una vez por todas se acabe todo esto, porque es una losa que nos perseguirá siempre”, concluye Manuel García.

[apunte]Los centros de menores con medidas judiciales de Canarias siempre han estado en el ojo del huracán, y sobre ellos pesan numerosas denuncias por presuntas irregularidades.
De hecho, el caso de Philipp García Zoch no es el único que todavía está sin resolver. En junio de 2005, la joven Ayatimas falleció en el centro de menores con medidas judiciales de Valle Tabares. Ella, a diferencia de Philipp, se encontraba allí a pesar de no contar con ninguna medida judicial, sino que estaba a la espera de ser trasladada a un centro de la Península, donde debía ser atendida de su trastorno de conducta. Valle Tabares, que ahora se ha convertido en un recinto modélico por sus eficaces proyectos de inserción sociolaboral de menores con medidas judiciales, fue, hace apenas dos años, el foco de quejas y graves denuncias por parte de padres y organizaciones no gubernamentales que acusaban de “torturas” y “malos tratos físicos y verbales” hacia los jóvenes internos. Algo similar ocurría en el centro de menores de La Montañeta, en Las Palmas de Gran Canaria, donde también se produjo un fallecimiento que todavía hoy genera interrogantes. Las tres muertes pesan sobre la Fundación Ideo, entidad gestora de todos los centros de medidas judiciales del Archipiélago.
Por si esto fuera poco, a finales de noviembre de 2004 la Policía requisó decenas de correas de contención psiquiátrica, tanto en Valle Tabares como en Mesa Ponte, que presuntamente eran usadas para reducir y castigar a los internos, pese a que su uso está prohibido incluso en las cárceles. También se habrían utilizado en Nivaria, según se expone en los documentos del caso Philipp García Zoch. Al menos diez madres interpusieron denuncias, al asegurar que sus hijos habían permanecido amarrados a la cama, durante horas, con ese despiadado sistema.
Una de ellas mantiene abierta la denuncia en los juzgados de La Laguna, porque asegura que su hijo fue “azotado” con esas correas, con las que estuvo “amarrado” e “inmovilizado” varios días durante horas.
Al respecto, y en concreto sobre el caso de Philipp García Zoch, la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno canario prefiere no hacer manifestaciones, ya que consideran que se trata de actuaciones judiciales que están en curso.
“Fueron desagradables incidentes que ojalá no se repitan, y en cualquier caso debe ser la justicia la que se pronuncie y castigue a las personas que considere culpables”, concluyen fuentes de la Consejería. [/apunte]