Sanidad debe 17,8 millones de euros a las farmacias tinerfeñas

Los farmacéuticos tinerfeños se reunieron ayer en la sede de Cajasiete de la capital tinerfeña. / JAVIER GANIVET

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

La crisis sigue poniendo en jaque a la sanidad canaria. Y ahora le ha tocado el turno a los farmacéuticos, que acumulan varios meses de retrasos en el pago de los medicamentos por parte de la Consejería de Sanidad. En concreto, según aseguró ayer a DIARIO DE AVISOS el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Tenerife, Guillermo Schwartz, el Ejecutivo autonómico adeuda casi 37 millones de euros -de ellos 17,8 millones a los profesionales de la provincia tinerfeña- correspondientes al mes de septiembre.

Esta circunstancia motivó que ayer se reunieran en las dos capitales canarias representantes de ambos colegios, con el objetivo de consensuar una estrategia en las negociaciones que se están llevando a cabo con las consejerías de Sanidad y Economía y Hacienda. “Estamos manteniendo reuniones periódicas, negociando los periodos y formas de pago, pero llevamos casi dos semanas de retraso en el pago, algo que nunca había ocurrido”, arguye Guillermo Schwartz.

Pese a la compleja situación, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Tenerife deja claro que, “por el momento”, no se contemplan medidas de presión, como sí han hecho en otras comunidades autónomas, aunque señala que “se estudiarán todas las acciones, si se producen otros escenarios en los próximos meses”.

Para Guillermo Schwartz, la deuda no es más que una consecuencia de la continua reducción presupuestaria que padece el sector farmacéutico en los últimos años. “Ya avisamos de que esto iba a ocurrir, porque antes se nos compensaba a final de año con algunos créditos que quedaban por cubrir, pero ahora no hay liquidez para nada”, denota Schwartz, quien insiste en apelar al diálogo con la Administración para solventar el problema. En la misma línea se manifiestan desde la Federación de Farmacéuticos de Canarias (Fefarcan), quienes reiteran que “nunca” se había producido tanto retraso en el pago de la deuda por los medicamentos. “Todavía no podemos hablar de impago, porque nos han prometido que van a pagar, pero resulta significativo que se haya producido justo el mes en el que más se ha reducido el gasto farmacéutico en el Archipiélago (12,85%)”, recuerda Guillermo Schwartz.

Y es que esos 37 millones de euros en medicamentos facturados en septiembre suponen una contención del gasto de 5,4 millones, el mayor descenso registrado en el coste de medicamentos del Servicio Canario de la Salud (SCS) en lo que va de año. Los motivos, según la Consejería de Sanidad, son el descenso en el número de recetas emitidas (del 5,91%), del gasto medio de cada receta (un 7,27%) y del gasto medio por usuario (del 13,35%).

La semana pasada, con motivo de la presentación de los presupuestos del departamento para 2012, la consejera Brígida Mendoza garantizó el pago a los proveedores, y aseguró que se abonarán tanto la factura farmacéutica como las deudas que existen con algunos acreedores del SCS. Por ello, en las cuentas sanitarias del próximo año se incrementa el presupuesto de los gastos corrientes y el del gasto farmacéutico, con el fin de evitar una acumulación de la deuda y ofrecer estabilidad económica a los múltiples proveedores y farmacias que dependen de la factura sanitaria.

Los profesionales, sin embargo, continúan a la expectativa, ya que, a día de hoy, no saben con certeza ni cuándo ni cómo van a cobrar lo que se les adeuda. “En otras comunidades autónomas, ya han cerrado algunas boticas y algunos farmacéuticos están al borde de la ruina, pero en Canarias no hay deudas anteriores, por lo que todavía no hay por qué alarmarse”, espeta Guillermo Schwartz, quien explica que la factura pendiente debería haberse cobrado entre el 20 y el 30 de octubre.

La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) señaló la semana pasada que los retrasos en el pago a las farmacias superarán los 2.262 millones a finales de año y afectarán 11.323 farmacias, es decir, a cerca de la mitad de las que existen en nuestro país. En el caso de Canarias, afirmaba FEFE, los retrasos podían llegar a los tres meses. “La única salida a esta gravísima situación, que puede abocar al desabastecimiento y a la quiebra de la prestación, es que se produzca el aval del Estado”, concluyeron desde la federación.