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Canarias y el Estado tratan de frenar una acción en el Tribunal Constitucional

   

BEGOÑA AMEZUA | Santa Cruz de Tenerife

La Comisión Bilateral de Cooperación de la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias han iniciado las negociaciones para resolver las discrepancias del Gobierno regional con el artículo 23 del Real Decreto ley 8/2011 de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales. Este acuerdo ha sido comunicado al Tribunal Constitucional (TC).

La controversia consiste en la regulación dada al silencio negativo en procedimientos de conformidad, aprobación o autorización administrativa. De fracasar las negociaciones se activa el recurso en el Constitucional.