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Cuando la política se contamina > Leopoldo Fernández

   

Esta semana en Canarias se han ofrecido algunas muestras de las miserias con las que a veces se contamina la actividad política en periodo electoral, un tiempo en el que algunos utilizan la mentira, la componenda, la agresión, la exageración, la sospecha, la tergiversación y la degradación en una especie de totum revolutum donde todo vale con tal de desacreditar al adversario. No todos los candidatos actúan así, pero varios vídeos, anuncios, fotos, vallas y otras formas de propaganda acreditan la ausencia del juego limpio imprescindible para la mejor convivencia en libertad. Bien está el chiste gracioso u oportuno, el chascarrillo simpático y cualquier otra forma que, ajena a desgarros personales y faltas de respeto, trate de ensalzar las propuestas propias sin necesidad de mandar al infierno todas las de los rivales. En política nadie es depositario de verdades absolutas y lo deseable es que se actúe con la cordura y el fair play que merece la dignidad de cualquier aspirante al Congreso o el Senado.

El Partido Popular (PP) se ha pasado tres pueblos tratando de descalificar a Coalición Canaria (CC) en una valla publicitaria infame, desautorizada luego por la Junta Electoral, con la que pretendía denunciar la connivencia política entre Zapatero y Ana Oramas. Puede que esa confabulación diera lugar a críticas cuando la diputada Oramas dedicó al presidente del Gobierno, en sede parlamentaria, unas palabras ridículas que no venían a cuento y que en todo caso deberían haber pertenecido al ámbito privado, no público. Pero, los acuerdos PSOE-CC, aunque no gusten a un PP que buscaba -busca aún- la ruptura entre estas dos formaciones, son legítimos y estaban -y están- encaminados a la defensa de los intereses de Canarias.

Por su parte, CC no debió difundir una cuña radiofónica en la que, a modo de respuesta a la valla de marras, ridiculiza el siseo y modo de hablar de Mariano Rajoy, ni tampoco apelar algunos de sus dirigentes -Rivero, Melchior y la citada Oramas- a ningunear la representación de los dos grandes partidos nacionales en un exceso de exaltación nacionalista que bordea el ridículo por el afán de diferenciar la calidad de “los de aquí” (en alusión a CC) frente a los “de allí” (PP y PSOE) que responden a la disciplina de partidos de ámbito nacional. Todos los aspirantes a representar a esta tierra son canarios y españoles, con la misma legitimidad y ‘pureza de origen’; no hay políticos de primera o segunda categoría, sólo faltaba, de ahí que algunos dirigentes socialistas, como Aurelio Abreu, y populares, como Pablo Matos, hayan tenido que realizar precisiones al respecto por la ligereza verbal de sus competidores nacionalistas.

Pero el gran asunto de la semana ha sido la divulgación en un pleno extraordinario del Cabildo tinerfeño de la auditoría realizada por PricewaterhouseCoopers (PWC) a la Fundación Canaria de Salud y Sanidad, dependiente de la corporación insular, durante la etapa 2007-11 en que, cuando el PP compartía gobierno con CC, estuvo presidida por Antonio Alarcó, hoy en la oposición y candidato al Senado en las elecciones del 20-N.

Se trata de una materia que huele fatal, incluso produce repugnancia, ya que da la impresión de que ha sido deliberadamente cocinada, utilizada y filtrada con vistas a la campaña electoral, en la que compiten para la cámara alta Alarcó y los dos hombres fuertes del Cabildo: su presidente, Ricardo Melchior (CC), y su vicepresidente, Aurelio Abreu (del PSOE).

Antes de que se formara la nueva corporación insular, en determinados ambientes políticos ya circulaban pretendidas irregularidades en la gestión de dicha fundación. El encargo de la auditoría coincidiendo con el anuncio, en julio, de las elecciones generales, fue razón oportunísima para que, del brazo de los mismos intereses electorales, el grupo de gobierno tratara de despejar las incógnitas del caso. Claro que también existía entonces, y sigue hoy, cierta rumorología sobre el mal funcionamiento, o la nula necesidad, de otras fundaciones y empresas del Cabildo, pero sus rectores prefirieron ceñirse exclusivamente a la mentada fundación. El resultado, como se temía, es demoledor para el doctor Alarcó, ya que desvela irregularidades sin cuento, contrataciones ilegales, cuentas corrientes no declaradas, ausencia de controles internos, amiguismos inaceptables, gastos injustificados o no documentados, pagos que nada tienen que ver con el objeto de la institución, anticipos inexplicables, tal y como se ha difundido con detalle por la mayoría de los medios de comunicación social.

Es pronto para conocer el alcance real de este pufo, ya que incluso la misma mañana del pleno -al que no asistieron los consejeros del PP, tras no obtener su suspensión por parte de la autoridad electoral y de un juzgado- llegó al Cabildo una factura de 20.000 euros y algunas otras constan como pendientes, según la Intervención General de la corporación, que en su informe también es muy crítica con la gestión de la fundación. A menos que lo dicho en la auditoría sea rectificado de pe a pa, la escandalera levantada por PWC se me antoja bastante más grave que el caso de los trajes del expresidentes de la Comunidad Valenciana Francisco Camps, y no sólo por el agujero que los responsables del Cabildo sitúan en el entorno del medio millón de euros.

No tengo la menor duda de que el candidato Alarcó no se ha lucrado con la mala administración de la fundación que en su día le fue encomendada. Pero sí le ha servido para la práctica de egos y favores personales inadecuados que, aunque no ponen en solfa su bien ganado prestigio como cirujano y profesional de línea intachable, empañan su trayectoria política; y hasta tal punto, creo yo, que debería renunciar como candidato vista su laxitud a la hora de manejar (despilfarrar) los recursos públicos, que es una forma de corrupción. Así las cosas, lo normal es que los servicios jurídicos del Cabildo trasladen la auditoría al Gobierno canario, vía Protectorado de Fundaciones, para que dictamine lo que proceda. Y que, a fin de salvar eventualidades responsabilidades, den también cuenta a la autoridad judicial competente, por si, como se dijo en el pleno, advirtiera indicios de delito en lo que atañe a malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

El Cabildo es un órgano colegiado y, aunque el poder político se distribuya en parcelas, áreas u otras formas de gobierno, los acuerdos de las partes afectan al todo y en el caso Alarcó alcanzan por tanto al presidente, al menos en su responsabilidad de vigilancia -el típico y tópico in vigilando del Derecho Civil-. Y también en su inoportuna autorización para celebrar el pleno antes del 20 de noviembre, dadas las especiales circunstancias electorales que concurren en el caso.

¿Entienden ahora por qué se pide la desaparición de sociedades y fundaciones no imprescindibles -del Gobierno, del Cabildo o de cualquier procedencia pública- que a veces funcionan como tapadera de intereses y colocaciones, degradando así el recto y austero ejercicio de la política? ¿Acaso estas prácticas no forman parte del paisaje de corrupción política o económica que tanto repudia la ciudadanía y que deben desaparecer cuanto antes?