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De promesas electorales > Manuel Iglesias

   

Un candidato de una de las coaliciones que concurren a estas elecciones en Canarias ha dicho que se compromete “a detener los desahucios de todas las personas que se han quedado sin empleo y a establecer la dación en pago”, es decir, en este último punto, el que la devolución del inmueble zanje la hipoteca impagada sin más cargas posteriores.

Esto último es un objetivo que parece justo, porque, si los bancos pueden alegar que las viviendas que tasaron en su día en una cantidad hoy valen menos y eso es una pérdida que no asumen, también es cierto que cuando se concede un crédito conlleva un riesgo que también se tiene que aceptar y eso incluye la minusvaloración que se pueda producir si se llega a la intervención. Tener a una persona o a una familia pagando una hipoteca por una vivienda que ya no dispone, no porque la vendiera, sino por ese embargo, parece una injusticia social.

El problema puede estar en que, al tratarse de unos contratos entre partes, habría que ver qué párrafos hay en “los papeles” que se firmaron, porque a lo peor en ellos se ha aceptado cubrir el déficit de valoración si éste se produce en el momento de la entrega por impago del bien hipotecado. Sería una situación legal diferente, aunque los efectos finales sean similares.

Pero lo más dudoso de las afirmaciones del candidato es lo de que se compromete “a detener los desahucios”. ¿Y eso legalmente cómo lo piensa hacer? Los ciudadanos no elegimos a los componentes del poder ejecutivo, sino al legislativo, y es a lo que se presenta esta persona.

Es decir, que se eligen diputados que luego hacen -o no- las leyes y no mandan directamente sobre nada o nadie, porque no los elegimos para eso, sino para fijar el marco legal donde deben moverse los otros. Prometer que se va a “detener los desahucios” es, sencillamente, incierto, o una mentira a sabiendas, porque a lo más a que puede llegar un parlamentario es a comprometerse a presentar una propuesta para que se haga una ley que los paralice, si consigue el apoyo mayoritario de otros diputados, pero no a realizar por sí la detención de tales acciones.

Habla también de que se conculca “el derecho constitucional a la vivienda”. Este es un aspecto de la Constitución que se cita con frecuencia, pero que da la impresión de que pocos lo han leído, porque el artículo 47, que es el de marras, resulta algo sibilino y no da exactamente “el derecho a una vivienda”. Lo que dice es que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”.

Es decir, reconoce un derecho no a la vivienda en sí, sino “a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, que no es mandar lo mismo, porque puede interpretarse que de lo que se trata es de que, cuando el ciudadano disponga de una vivienda, ésta deba ser “digna y adecuada”, mediante la legislación al respecto, no de garantizar a todos que van a tener una vivienda. Que no es igual y eso está a la vista.