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Efectos del volcán > Leopoldo Fernández

   

Mientras el volcán sigue latiendo desde el fondo del mar herreño, los políticos deberían ejecutar de una vez los acuerdos unánimes del Congreso de los Diputados y del Senado que obligan desde hace años a la creación del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan). La apelación al cumplimiento de esas resoluciones, inexplicablemente aplazadas, no supone una censura a la actuación de los científicos que vienen trabajando en la Isla del Meridiano; se trata de que se satisfaga un mandato imperativo -y también un deseo de la comunidad científica- para que se ubique en Tenerife la sede de dicho instituto porque es en las Islas, y sólo en ellas, nunca en Madrid, donde deben gestionarse los problemas volcánicos, por ser la única parte del territorio nacional en la que -según la evolución de los procesos históricos- se pueden producir fenómenos eruptivos. No parece suficiente que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) asuma la vigilancia, mediante observación instrumental, de la actividad volcánica en toda España. Ni que aplique las mejores técnicas sismológicas, geodésicas y geofísicas. Ni que realice los análisis y tratamientos de datos más oportunos. La administración de tales actividades no está debidamente ejercida ni coordinada, ni se encuentra lo más cerca posible de los potenciales focos de emisión.

Canarias es una región volcánica activa y el IGN no puede dirigir las asuntos desde Madrid, ni actuar a remolque de los acontecimientos. En la actual crisis volcánica han fallado algunas cosas, en unos casos por mala coordinación y vigilancia (que compete al IGN) y en otros por el deficiente seguimiento del riesgo volcánico (que corresponde al Consejo Superior de Investigaciones Científicas); parece que sólo ha cumplido el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER, al que se atribuye la política de comunicación), que además colabora con sus equipos al Sistema de Vigilancia Volcánica de Canarias. Algunos investigadores se quejan del funcionamiento del IGN y de cierta discrecionalidad a la hora de permitir la presencia en El Hierro de especialistas de las universidades canarias. ¿No sería mejor que existiera un solo organismo, una única dirección, la del futuro Involcan -no el actual, que puso en marcha, con ayuda del ITER y la Universidad lagunera, el Cabildo tinerfeño-, en el que participen los gobiernos central y autonómico, para evitar que el lobby madrileño -que desea que las cosas sigan como están- se pase los convenios por el arco de triunfo e imponga su santa voluntad ante el pasotismo creciente de las autoridades, empezando por Zetapé, siguiendo por la ministra Garmendia y acabando por el presidente Rivero?