El dardo > por Leopoldo Fernández

El ‘caso Icfem’ > Leopoldo Fernández

Catorce años después de iniciadas las investigaciones, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas la apertura de juicio oral contra el exconsejero de Trabajo del Gobierno autonómico Víctor Díaz y los ex directores generales del Instituto Canario de Formación y Empleo (Icfem), hoy Servicio Canario de Empleo, Francisco Almeida, Aurelio Ayala y Diego León, todos de Coalición Canaria, a quienes implica en el caso Icfem por prevaricación (dictar conscientemente resoluciones contrarias a la ley) en el reparto de fondos públicos destinados a cursos de formación e inserción laboral entre 1995 y 1998. La propia Fiscalía retira los cargos de malversación de caudales públicos y solicita para los tres primeros la pena de inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público por diez años, que rebaja a nueve para Diego León. El fiscal exonera a otros dos directores generales del Icfem, Tomás Quesada y Francisco Zumaquero, de toda responsabilidad jurídica y pide para ellos el sobreseimiento provisional de la causa. El caso fue denunciado por afiliados de CC.OO., está recogido en 140.000 folios e inexplicablemente quedó dormido durante cinco años, dando lugar a especulaciones de todo tipo hasta que en 2008 la Audiencia de Las Palmas ordenó reabrir la instrucción y practicar varias pruebas periciales, con la reclamación de cinco años de cárcel para los acusados. Parte de las millonarias ayudas europeas llegadas a Canarias para atajar el paro de esos años fueron a parar a patronales, sindicatos, corporaciones, academias, etc.; otra parte acabó en empresas fantasma que, tras recibir el dinero, desaparecieron como por ensalmo, aunque algunas regularizaron su situación y devolvieron el dinero una vez que la propia Consejería abrió 4.000 expedientes en reclamación de fondos irregularmente percibidos. Aunque al principio se habló de hasta 66 millones, sólo quedan por justificar, según la Audiencia de Cuentas, 10,5 millones de euros, que no son moco de pavo. ¿Se van a ir de rositas todos los golfos que se aprovecharon de esta situación? Aun admitiendo que fallaron algunos controles y que el Icfem no funcionó con el rigor que debía, los acusados están pasando un vía crucis personal y profesional que dura demasiado, con arreglo a los cánones de la Justicia. Y eso que han podido probar -y no es poco dados los rumores de corrupción- que no se quedaron con una perra chica y que, según el informe pericial, las subvenciones las concedieron con arreglo a las normas entonces vigentes, siendo la posterior liquidación aceptada por la UE y por el Tribunal español de Cuentas.