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El Gobierno socialista se ‘enroca’ y no atiende peticiones de la oposición

NORBERTO CHIJEB | Candelaria

Es evidente que entre el grupo de Gobierno y la oposición en el Ayuntamiento de Candelaria la empatía es mínima. Ni siquiera para elaborar un reglamento de organización y funcionamiento de los centros socioculturales se pusieron ayer de acuerdo, en un nuevo pleno donde se agrietaron aún más las diferencias entre los regidores del Consistorio y los fiscalizadores.

En ese punto del orden del día, en moción presentada por Mayca Coello, de Sí se puede, se siguió casi el mismo guión que estamos acostumbrados a vivir en las sesiones plenarias, en donde la oposición propone y el grupo de Gobierno señala que “ya lo estamos haciendo”. Coello no dudó en calificar de “arbitraria” la postura del grupo socialista, “con quien -dijo- se demuestra la teoría de que los fenicios pasaron por Canarias, porque siempre quieren cobrar por algo”. Fernando Arencibia, portavoz del PSC, señaló que “desde hace once años no hemos subido las tasas y alquileres de locales”. La moción, por tanto, no prosperó.

Sin embargo, el punto más controvertido e interesante del pleno ordinario fue el cuarto, cuando se debatió una moción de Coalición Canaria en la que se pretendía instar a la Audiencia de Cuentas para realizar una auditoría de la actividad económica-financiera del Ayuntamiento y sus entidades dependientes.

Javier Rivero, concejal de Hacienda, defendió su gestión y negó que se “escondieran las cuentas”, a la vez que admitió cierto retraso en la elaboración del próximo presupuesto. Igualmente señaló que las cuentas hasta 2009 han sido avaladas por la Intervención de fondos y el Tribunal de Cuentas del Gobierno de Canarias.

La oposición en bloque censuró el oscurantismo del grupo de Gobierno sobre el funcionamiento económico de las empresas municipales, haciéndose eco de las propias dudas que expresaba en su informe el interventor del Ayuntamiento, quien las reconoció cuando fue invitado por el alcalde, Gumersindo García, a intervenir.

El interventor dejó abiertas todavía más las dudas, por lo que cogió la palabra el alcalde para explicar que las cuentas de las empresas públicas están avaladas por sus consejos de administración, teniendo el visto bueno de auditores externos.