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Estudian llevar a los tribunales los dos “proyectos fantasma” de Calatrava

   

EFE | Valencia

El grupo de Esquerra Unida en Les Corts estudia llevar a los tribunales los dos “proyectos fantasma” por los que la Generalitat valenciana pagó un total de 18 millones de euros al arquitecto Santiago Calatrava y que no se han realizado: el centro de convenciones de Castellón y las Torres de Valencia.

El portavoz adjunto de EU en la Cámara autonómica Ignacio Blanco ha explicado a los periodistas que están estudiando los dos autos de la Fiscalía que archivan las denuncias de EU sobre ambos proyectos, por los que se pagaron 2,7 millones de euros en el primer caso y 15 millones en el segundo, porque “todavía cabe la posibilidad de ir a los tribunales”, una opción que no descartan.

“Las responsabilidades políticas son indudables y las vamos a exigir”, ha asegurado el diputado, para quien el hecho de que la Fiscalía no haya visto responsabilidades penales no impide que los tribunales “puedan también considerar la materia”.

Ha recordado que, por las tres Torres en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, se pagaron 15 millones de euros, más el coste de las maquetas (más de 130.000 euros), por un proyecto del que “ya se conocía su inviabilidad” por razones legales referente a los terrenos, por las servidumbres aéreas y porque no hay circunstancias en el mercado para poder ejecutarlo.

Asimismo, por el proyecto del Centro de Convenciones de Castellón se pagaron 2,7 millones de euros, lo que en total suma “18 millones de euros por proyectos fantasma, que no se han realizado nunca y que sabían que no se iban a hacer”, y con los que se podrían haber “solucionado muchos problemas reales de los valencianos”.

Para Blanco, se trata de unos hechos “políticamente escandalosos, reprobables, indignantes y que no se deberían consentir en una sociedad democrática, más en un momento de crisis” donde se hacen recortes sociales.

Por su parte, el portavoz parlamentario de Compromís, Enric Morera, ha reclamado “responsabilidades políticas y judiciales, si las hubiera” y ha considerado que lo que dice “indirectamente” el archivo de la Fiscalía es que “se pueden saquear las arcas públicas sin que haya responsabilidades, y eso no puede ser”.