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Gobierno canario deberá resolver procedimientos de reclasificación del suelo en plan de ampliación de Costa Calma

   

EUROPA PRESS | Las Palmas de Gran Canaria

La Sección Segunda de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dictado en una sentencia que el Gobierno canario deberá iniciar y resolver los procedimientos de reclasificación del suelo y de fijación de la indemnización del plan de ampliación de Costa Calma, en Pájara (Fuerteventura).

En concreto, esta sentencia responde al recurso contencioso administrativo interpuesto por Técnicos y Servicios Insulares S.L. contra la inactividad de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, consistente en la inejecución de la solicitud, efectuada el 12 de noviembre de 2009, en relación con la parcela P-2 del Proyecto de Actuación PA 11, Ampliación de Costa Calma, TM de Pájara.

Y, en este sentido, la sentencia recoge que condena a la Administración autonómica “a ejecutar el acto presunto teniendo en cuenta que si los titulares de los suelos urbanos o urbanizables sectorizados con destino total o parcialmente turístico solicitan su reclasificación a rústico de protección, la Administración autonómica “se limita” a comprobar la titularidad, así como a que se trata de suelos urbanos o urbanizables sectorizado, no desclasificado o descategorizado por un acto expreso anterior.

Por ello, se considera que el Gobierno regional “debe ser congruente” con lo que han dispuesto en acuerdo y “dar por supuesto que todas” las parcelas urbanas y las localizadas en planes parciales de suelo urbanizable no desclasificado ni descategorizado “cumplen los requisitos de la Ley -canaria- por cuanto se mantienen inedificados pero con sus derechos urbanísticos consolidados”.

De esta forma, es la propia norma la que “hace derivar la existencia de derechos urbanísticos consolidados”.

Asimismo, y en relación con las leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, se dilucidará todo lo que guarde relación con la actual clasificación y categorización del suelo, antes y después de la reclasificación y se determinará la situación física y jurídica de la parcela que, de acuerdo con las normas contenidos en el TR de la Ley de Suelo 2/2008, sean necesarias para fijar en su caso la indemnización correspondiente. Además, se tendrá que fijar el importe de dicha indemnización

Esta sentencia, a la que no se condena a costas, es susceptible de recurso de casación, que debería presentarse en un plazo máximo de diez días contados desde el siguiente al de la notificación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.