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La compraventa del frente de playa de Las Teresitas

   

“Durante más de cuatro años, Inversiones Las Teresitas, SL (ILT) ha tratado de buscar una solución consensuada con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que de cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo (TS), que anuló el 3 de mayo de 2007 la compraventa del frente de playa de Las Teresitas realizada en 2001.

El fallo del Alto Tribunal sostiene que la Corporación local no cumplió con su deber de tramitar adecuadamente el expediente administrativo para la adquisición de los terrenos. Por tanto, responsabiliza directamente al Ayuntamiento de la invalidez del contrato.

Nada más conocer la sentencia, ILT intentó que el Consistorio cumpliera con los términos establecidos por el Supremo. A partir de aquí, se inicia un largo camino de escritos, recursos y reclamaciones, que busca permanentemente alcanzar una solución, siempre ajustada a la ley, que en ningún caso perjudicara los intereses públicos y de los vecinos de Santa Cruz, así como que respetara el acuerdo de compraventa inicial.

El primer y único paso que dio el Pleno del Ayuntamiento el 31 de julio de 2007 fue comunicar la imposibilidad de ejecutar la sentencia, porque el planeamiento urbanístico del frente de playa había cambiado estableciéndose el uso público del suelo y eliminando toda la edificabilidad privada. De esta manera, el Consistorio reconoció que no podía devolver lo que compró: 11 parcelas en el frente de playa, donde estaba previsto construir nueve hoteles de cuatro estrellas y dos centros comerciales, un total de 179.200 metros cuadrados construibles.

Tres años después, el Tribunal Supremo da la razón a ILT y rechaza la propuesta municipal. En su sentencia de 23 de febrero de 2010 acordó que la liquidación del contrato debe resolverse en la jurisdicción civil.

Nuevamente, para dar una oportunidad de resolver este conflicto y antes de presentar una demanda en el juzgado, ILT presentó en junio de 2010 una reclamación ante el Ayuntamiento con una propuesta encaminada a solucionar el pleito. Una vez más, tampoco hubo ningún tipo de respuesta desde la Corporación.

Ante esta situación, y después de agotar todos los plazos de los que disponíamos para llegar a un acuerdo, nos vimos obligados a presentar la demanda civil en noviembre de 2010, respetando escrupulosamente las previsiones legales. Por nuestra parte, se ha hecho todo lo posible para llegar a un acuerdo durante estos cuatro años”.

*Ignacio González Martín y Antonio Plasencia Santos