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ELECCIONES GENERALES > PRECAMPAÑA EN CANARIAS

La crisis y la ley imponen una campaña más austera y cercana

   

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

La restricción de gastos -derivada de la crisis económica y de los límites legales- obliga a los partidos políticos a un derroche de imaginación para transmitir sus mensajes en la campaña electoral del 20-N.

La renovación de las técnicas de comunicación también contribuye al diseño de estrategias en las que convencer a los incondicionales no sea lo prioritario. La capacidad de mimar a los simpatizantes y seducir a los indiferentes será determinante. Por ello, los candidatos se han decantado por los contactos personales y han relegado los actos de masas.

Atrás quedan los tiempos de los multitudinarios y costosos mítines en estadios y plazas de toros, que han quedado reducidos a la mínima expresión.

Cinco meses después de los comicios autonómicos y locales, las fuentes consultadas confirman que hay menos dinero disponible para la propaganda.

Las repercusiones para las organizaciones de carácter nacional presentes en Canarias no son tantas como para aquellas de ámbito exclusivamente regional o insular. Las primeras cuentan con un respaldo del que carecen las otras, por lo que el esfuerzo de estas es mayor.

“Tenemos que adaptarnos a las circunstancias y predicar con el ejemplo”, comentan. “Mucha gente lo está pasando mal y nos toca apechugar. Sería una inmoralidad pedir el voto con métodos superfluos”.

El límite de los gastos es “el que resulte de multiplicar por 0,33 euros el número de habitantes correspondientes a la población de derecho de una circunscripción electoral”.

La financiación de las campañas es fundamentalmente pública. La legislación prohíbe que las candidaturas reciban aportaciones de cualquier Administración o corporación del sector público. Tampoco están autorizadas a tratar con empresas vinculadas contractualmente a una Administración ni a nutrirse de fondos procedentes de entidades o personas extranjeras “excepto los otorgados por los órganos comunitarios para las elecciones al Parlamento Europeo”.

Además, “ninguna persona, física o jurídica puede aportar más de 10.000 euros a las cuentas de un mismo partido, federación, coalición o agrupación de electores”.

Con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades, el Estado cede espacios gratuitos en los medios de comunicación de titularidad pública, así como soportes y locales para la colocación de la propaganda, para la celebración de reuniones y para actos de campaña.

Asimismo, subvenciona los envíos postales de sobres, papeletas o propaganda electoral.

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Subvenciones

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 1 de octubre una orden por la que se fijan las cantidades actualizadas de las subvenciones a los gastos originados por actividades electorales para las elecciones generales de 20 de noviembre. El texto concreta las cantidades reguladas en la Ley del Régimen Electoral General (Loreg).

De esta manera, el Estado subvenciona con 21.633,33 euros cada escaño obtenido en el Congreso de los Diputados o en el Senado; con 0,83 euros, cada uno de los votos logrados al Congreso, uno de cuyos miembros, al menos, hubiera obtenido un escaño, y con 0,33 euros cada uno de los sufragios a un candidato que hubiera obtenido escaño de senador.

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