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ME PAGAN POR ESTO >

La evaporación del futuro > Alfonso González Jerez

   

Uno de los productos cuyo consumo está garantizado en los próximos años es el miedo. El Estado consumirá muchísimo miedo en el futuro inmediato y lo mismo harán los ciudadanos: miedo a la pobreza, miedo a incumplir compromisos, miedo a perder el trabajo, miedo a ser incapaz de diseñar un análisis comprensible de lo que está ocurriendo, miedo a no poder pagar la hipoteca, miedo porque se agota tu subsidio de desempleo, miedo a que la deuda pública llegue a ser inmanejable por las presiones de los mercados. Nos llevará mucho tiempo volver a domesticar aceptablemente la incertidumbre, si es que ocurre. En la presente campaña electoral se ha agregado un nuevo -pero fundamental- matiz a la estafa política e intelectual habitual en estas liturgias democráticas: los principales partidos, sus respectivas cúpulas directivas, sus mismos candidatos, no saben ni pueden saber lo que ocurrirá ya no el próximo año, sino el próximo mes. ¿La economía italiana saltará por los aires? ¿Los Gobiernos alemán y francés desarbolarán la Unión Europea para crear su zona euro? No es ya disparatado, en este vertiginoso momento, plantearse si los próximos presupuestos generales del Estado, los que con toda seguridad presentará Mariano Rajoy a las Cortes en el próximo febrero o marzo, estarán redactados en pesetas o en euros. Más que nunca los programas electorales están escritos en el aire mefítico del fondo de un pozo a oscuras. Más que nunca las propuestas desprenden el tufo rancio de la nadería, porque todo se puede ir al diablo en cuestión de días o semanas o meses.

Todavía viviremos -salvo sorpresa mayúscula, en absoluto descartable- unas semanas de prórroga. Con suerte las navidades constituirán el paréntesis habitual de narcolepsia lúdica y festiva. Pero a partir de enero todo cambiará. La Unión Europea ha establecido ya que España no cumplirá el déficit comprometido del 6% y con la boca chiquita el PP ha condicionado sus prometidas rebajas fiscales a que el mismo no se haya superado a finales de diciembre. Las perspectivas de crecimiento y paro en España anunciadas desde Bruselas son bastante espeluznantes: la primera registrará un encefalograma plano, si es que no se entra en una nueva recesión, y las segundas indican que continuará el aumento del desempleo: varias decenas de miles de parados más se sumarán a lo largo del próximo 2012. Cabe recordar que el objetivo de reducción del déficit público para 2012 es del 4,4%. Si finalmente -como auguran los oscuros profetas de la Unión- el déficit a finales de 2011 se queda en un 7% aproximadamente, en 2012, se quiera o no, se reconozca o se ignore, el nuevo Gobierno deberá llevar a cabo un recorte en las cuentas públicas superior a los 30.000 millones de euros, casi tres veces superior al que, en el año 2010, aplicó José Luis Rodríguez Zapatero. 30.000 millones de euros. No es una cifra modesta, no. Si quiere puede usted, desocupado lector -un 28% de los potenciales lectores de este artículo se encuentra, precisamente, desocupados- sumarle los 180.000 millones que el Estado deberá pagar a los tenedores de bonos y obligaciones. Y los 60.000 millones que, muy probablemente, haya que destinar para el saneamiento, supuestamente definitivo, de las entidades financieras, bancos y cajas de ahorro, por las nuevas normas sobre la composición de sus depósitos, su exposición al ladrillo o su desastrosa gestión en el caso de las segundas. Que a estas alturas, y con todas las señalas rojas de emergencia encendidas, se continué cínicamente sosteniendo, por socialdemócratas y conservadores, que se mantendrá el malherido Estado de Bienestar, que no sufrirán aun más los sistemas públicos de educación y sanidad hasta un punto de implosión operativa, que los servicios sociales y asistenciales se conservarán milagrosamente, es una bofetada a los ciudadanos. Una burla grotesca y humillante. Una mentira ponzoñosa digna de auténticos rufianes y no de responsables políticos en una democracia más o menos civilizada. La política parece a punto de desaparecer, volatilizada su autonomía frente a los poderes financieros globalizados, pero la élite política pretende seguir autorreproduciéndose como si no ocurriera nada. El establishment político cada vez gobierna menos -y no se trata de añorar románticamente soberanías nacionales, sino de asumir que las cesiones de soberanía a estructuras vagamente federales son todavía más vagamente democráticas- pero su obsesión por ocupar ese Gobierno minusválido continúa, como es obvio, intacta. Suponen -y a un servidor le pasma semejante suposición- que el sistema político e institucional no puede sufrir una crisis de legitimación tan extensa y grave que acabe socavándolo irremediablemente. Es su penúltima certidumbre. Sinceramente, a medio plazo, no estaría tan seguro. Las consecuencias económicas de la crisis sistémica -producto de la convergencia global entre una revolución tecnoindustrial inusitadamente poderosa y un reformismo retrógrado que ha eliminado las limitaciones y obligaciones del capital financiero- están entrelazadas a sus consecuencias políticas, y la consecuencia política más trascendental consiste, precisamente, en la erosión de la democracia, en la desintegración de la autonomía de la acción política, en el descalabro de la autonomía de los individuos, en la evaporación del concepto de ciudadanía.

¿Y Canarias? Canarias -esta es otra realidad elemental cuidadosamente censurada- lo va a pasar mal. Especialmente mal. Y lo pasará mal porque, sencillamente, dispone de un sistema económico extremadamente dependiente del gasto público -de una amplísima panoplia de subvenciones y ayudas que abarcan desde la agricultura a los transportes- y de la inversión pública. Quizás, como gusta en repetir premonitoriamente el presidente del Gobierno autonómico, Paulino Rivero, Canarias se convierta en un problema de Estado pero, en ese caso, no será el mayor problema que deba soportar el Estado español.

¿Y las izquierdas? Muchos se preocupan -y no niego que sea preocupante- por su situación en el presente. Pero lo más dramático, respecto a la izquierda, es precisamente el futuro. Para las izquierdas, que durante doscientos años lucharon (y en muchos sitios y coyunturas consiguieron) un mundo más habitable, más digno y más justo, el presente solía ser de otros. El presente era de la injusticia, de las causas perdidas, de los objetivos no plenamente conseguidos, de las derrotas atroces, de los trileros y los explotadores, pero el futuro era suyo: el futuro era el espacio de un proyecto político democrático, participativo, distributivo y benemérito. Pero en el universo cognitivo de las izquierdas el futuro se ha diluido como categoría significativa. Antes era un dato conocido, y hoy es el vacío más vertiginoso, y por eso los que hasta anteayer anhelaban la disolución del Estado ahora lo defienden (llamándolo lo público) fervorosamente, y los que tachaban al Estado del bienestar como una engañifa socialdemócrata para abandonar la revolución, son sus más ardorosos apologetas. Las izquierdas miran hacia el pasado inmediato en una actitud paradójicamente conservadora y solo oponen, desvaídamente, una ética de la resistencia frente a la antaño heroica (y a menudo catastrófica) ética de la emancipación. Los más estúpidos siguen confiando en el derrumbe total y definitivo para construir entre las ruinas la enésima utopía. A estas alturas no es raro que la escriban con hache.