La lucha contra las plantas invasoras es un problema tanto ecológico como económico

EUROPA PRESS | Santa Cruz de Tenerife

Elías Dana, técnico de la Junta de Andalucía especializado en el control y erradicación de especies vegetales invasoras, ha abierto este martes el XIII Congreso de la Sociedad Española de Maleherbología, que se celebrará en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria de la Universidad de La Laguna hasta el próximo jueves. Para el especialista, la lucha contra las plantas no autóctonas introducidas en territorios especialmente sensibles es un asunto no sólo de índole ecológica, sino económica. “En España se ha invertido en los últimos años unos 50 millones de euros para intentar solucionar este problema”, reveló.

Previamente se celebró el acto de inauguración del evento, en el cual estuvieron presentes el vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la ULL, Juan Felipe Pérez; la consejera de Medio Ambiente, Sostenibilidad Territorial y Aguas del Cabildo de Tenerife, Guadalupe Mora; el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Laguna, Antonio Pérez-Godiño; la presidenta de la Sociedad Española de Malherbología, Francisca Granados; uno de los subdirectores de la escuela anfitriona, Florencio Real, y el presidente del congreso, el profesor del Departamento de Ingeniería, Producción y Economía Agraria de la ULL Eduardo Sobrino.

El ponente inaugural recordó los problemas que pueden suponer para ecosistemas locales la convivencia con especies no foráneas que han sido introducidas por el hombre, ya que en ocasiones se pone en peligro la supervivencia de las plantas o arbustos autóctonos. En ecosistemas insulares, el peligro es aún más grave porque la expansión de las más hierbas invasoras se puede producir con mayor rapidez.

Dana explicó que hasta no hace mucho, la principal respuesta que se daba a este problema era de tipo reactivo, es decir, una vez detectada una zona ocupada por especies invasoras, se procedía a actuar sobre ella siempre que los recursos lo permitieran. Pero esta estrategia, a su juicio, resulta muy ineficaz porque se intenta atajar el problema cuando éste ya está muy consolidado y apenas hay margen de maniobra.

Por ello, desde las administraciones encargadas de controlar estas invasiones se intentan implementar actuaciones más proactivas con el fin de anteponerse al problema. Ello requiere controlar las poblaciones de plantas foráneas incipientes y estar al día de todo lo que se publica sobre esta materia. Una vez detectadas, se estudiaría cada caso para decidir sobre cuál es más prioritario actuar y, finalmente, se decidiría cómo acometer el asunto: mediante control, contención o erradicación.

Introducción de nuevas técnicas

El ponente reveló que se están introduciendo nuevas técnicas para mejorar estos trabajos, como el análisis cartográfico, que ayuda a la priorización de zonas de riesgo porque, al localizar especies que comienzan a asentarse, permite crear modelos de expansión.

Otra técnica es la creación de análisis de riesgos, que actualmente no se han desarrollado de manera específica para España. Pero se ha estudiado que la aplicación de los análisis diseñados para Australia y Nueva Zelanda podrían aplicarse con relativa facilidad en la España peninsular, aunque no en el caso de las islas.

Un trabajo que queda por hacer, y que quizá pueda acometerse por fin tras los últimos cambios que se han producido en la legislación estatal, es la creación de un catálogo de especies invasoras, pues hasta ahora se estaba trabajando sin él, lo cual dificultaba las tareas de identificación.

El ponente recordó que este tipo de actuaciones requieren un desembolso monetario importante y continuo, puesto que si se interrumpen las actuaciones sobre una zona en expansión, todo el trabajo realizado sobre ella se perdería.

En este sentido, reveló que en Andalucía se está proponiendo actuar bajo un principio de corresponsabilidad: es decir, que la entidad o empresa que, por desconocimiento o negligencia facilitó la entrada y reproducción de una especie invasora, participe en los costos de su erradicación. “De ese modo no sólo se ayudaría en lo económico, sino que previene que esos mismos gestores vuelvan a cometer un error similar”, concluyó.