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Líos judiciales > Leopoldo Fernández

   

El sumario sobre el caso de Las Teresitas sigue su peregrinaje tras más de seis años de costosísimas investigaciones. Tal y como evolucionan los acontecimientos, ¿no actuaría la Fiscalía Anticorrupción con cierta ligereza al imputar de sopetón a seis personas por la presunta comisión del delito de cohecho? Al menos cabe ponerlo en duda tras la decisión de la jueza que lleva el caso ante el Tribunal Superior de Justicia de retirar tal responsabilidad delictiva a cinco de esas personas; la sexta es el exalcalde Zerolo, y ya veremos en qué queda la cosa. Y si no hay cohecho, es decir, no se ha podido demostrar que Antonio Plasencia, Ignacio González, Emilio Fresco, José Emilio García Gómez, Manuel Parejo y José Luis Martín sobornaran a funcionarios -o fueran comprados algunos de ellos- mediante dinero o dádivas para obtener favores o concesiones, no es que el asunto decaiga, pero sí baja sensiblemente su carga en Derecho, y en consecuencia las eventuales penas que la Justicia pudiera imponer a los 17 implicados. Ítem más: si no hay soborno, la acusación de malversación de caudales o efectos públicos, o el consentimiento para que la misma se realizase, va a quedar muy restringida, y con problemas de demostración práctica. La imputación por prevaricación, o sea, dictar la autoridad o funcionario a sabiendas -o no dictar, por omisión- una resolución arbitraria en un asunto administrativo tiene también su miga, y jurídicamente a veces resulta indigesta. No quiero decir que el asunto de Las Teresitas quede en agua de borrajas, pero da la impresión -y así se comenta en ambientes que siguen las investigaciones- de que se verá realmente capitidisminuido, con arreglo a las expectativas que algunos habían imaginado. Y ello sin contar con que, por ser Zerolo aforado, debe pasar el Tribunal Supremo, lo que dilatará aún más la resolución del caso, que se quiso presentar como gran escándalo, pelotazo y todos los calificativos que se deseen añadir. Irregularidades ha habido, qué duda cabe. Y sospechas, unas cuantas. De ahí las 33 imputaciones en curso y el sumario abierto, que supera ya los 40.000 folios. Pero la resolución del asunto tarda demasiado, por el camino queda puesto en almoneda el honor de los afectados, no digamos el calvario que algunos han sufrido a cuenta de investigaciones detalladísimas -varias en paraísos fiscales-, declaraciones propias y de familiares y amigos, comparecencias reiteradas ante la autoridad judicial…, en fin, todo un rosario de diligencias en busca de presuntas corrupciones e ilegalidades que, por lo que parece, al final van a reducirse a delitos de tipo administrativo. Y la playa, tal cual.