Los condenados por dejar en coma a un guardia en Barcelona buscan resquicios legales para reabrir el caso

EFE | Barcelona

Los condenados por dejar en coma a un guardia urbano de una pedrada en una fiesta okupa en Barcelona buscan resquicios legales para reabrir el caso, tras una reciente sentencia que imputa un caso de torturas y montaje policial a dos policías locales cuyo testimonio fue clave para incriminarlos.

Tres jóvenes fueron condenados a hasta cinco años de prisión por la agresión al agente, ocurrida la madrugada del 4 de febrero de 2006 a las puertas de una fiesta okupa en la calle Sant Pere Més Baix de Barcelona, y a otros seis se les castigó con penas de hasta tres años por participar en la batalla campal contra una patrulla de guardias urbanos.

Rodrigo Lanza, de nacionalidad chilena y principal acusado por la agresión al agente, es el único de los procesados que permanece en prisión, mientras que otra de las condenadas por la trifulca con la policía, Patricia Heras, se suicidó el pasado mes de abril, seis meses después de ingresar en la cárcel, una vez el Supremo confirmó la sentencia.

La reciente condena de dos policías de la Guardia Urbana que fueron claves para incriminar a los jóvenes, en un caso en el que no había más pruebas que el relato de los testigos, ha avivado las esperanzas de los allegados y abogados de los acusados, que desde hace tiempo buscan argumentos legales para reabrir el caso y probar su teoría de que fueron víctimas de un montaje policial.

La Audiencia de Barcelona acaba de condenar a dos años de cárcel a los agentes Víctor Bayona y Bakari Samyang, que fueron testigos de cargo en el caso del 4 de febrero, por torturar en comisaría en septiembre de 2006 al hijo de un diplomático con el que se habían peleado en la discoteca “Bikini” y al que levantaron un atestado falso para justificar su detención por tráfico de drogas.

Samyang, que junto al otro agente ha sido suspendido de empleo y sueldo por el Ayuntamiento de Barcelona sin esperar a que la sentencia sea firme, es citado como uno de los principales testigos de cargo en la sentencia del llamado caso 4F, que destaca que su relato incriminatorio es “contundente, coincidente y sin fisuras”.

Precisamente, los condenados por el caso del 4 de febrero denunciaron haber sido víctimas de torturas por parte de los guardias urbanos tras su detención, pero el caso fue archivado.

Fuentes jurídicas consultadas por Efe reconocen que, pese a las posibles analogías con el caso del 4F, la condena de los urbanos no ofrece base suficiente para sustentar una revisión judicial de la causa, cerrada por sentencia firme, dado que se trata de dos asuntos jurídicos distintos.