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Los procesados en el ‘caso turismo’ se declaran culpables y aceptan condenas inferiores a dos años

   

EFE | Las Palmas de Gran Canaria

Los principales acusados en el denominado “Caso Turismo” se han declarado culpables de los delitos de estafa y cohecho que les imputaba el Ministerio Fiscal, tras llegar a un acuerdo con la acusación pública que dejará sus condenas entre 23 y 21 meses de prisión.

La Audiencia de Las Palmas ha celebrado hoy la primera vista del juicio por la estafa que sufrieron entre 2003 y 2006 una treintena de agencias de viaje de Canarias, que se vieron obligadas a pagar hasta 15.000 euros por realizar trámites ante la administración que no hubieran requerido de desembolso alguno por su parte.

En este proceso, están imputados un funcionario de la Consejería de Turismo del Gobierno canario, Enrique B.A.; dos agentes de seguros, Pedro Rafael Q.N. y Gabriel Ángel T.D.R.; y dos empresarios alemanes, Amadeus R.G. y Susanne I.G., que pagaron por hacer desaparecer dos expedientes desfavorables a sus negocios.

El principal procesado, el funcionario Enrique B.A., se ha declarado hoy ante el tribunal culpable de los cargos de estafa, exacción ilegal de impuestos, cohecho e infidelidad en la custodia de documentos públicos, delitos por los que será condenado a 23 meses de prisión.

A su vez, Pedro Rafael Q.N. se ha confesado autor de estafa, exacción ilegal de impuestos, usurpación de funciones públicas y cohecho y ha aceptado una pena de 21 meses de prisión.

El resto de los procesados -salvo Amadeus R.G., que no ha podido asistir al juicio- recibirán condenas de entre seis y nueve meses de prisión por delitos de estafa y cohecho.

Los acusados se han declarado culpables de estos cargos después de que la Fiscalía reconociese en su favor la aplicación de las atenuantes de dilaciones indebidas y reparación de daño, que han permitido reducir sensiblemente las condenas a las que se exponían (Enrique B.A. se enfrentaba a una petición de pena de 14 años de cárcel y Pedro Rafael Q.N., a 13 años).

En su modo de actuar, Enrique B.A. convertía en cliente propio y de su socio al ciudadano que solicitaba alguna actuación del organismo oficial en el que era funcionario, al que cobraba por los trámites de apertura y otras gestiones.

Enrique B.A. contactaba con Gabriel Ángel T.D.R., y posteriormente, en sustitución de éste, con Pedro Rafael Q.N., con los que se ponía de acuerdo.

En otras ocasiones, tras captar a los clientes en su puesto de trabajo, Enrique B.A. los derivaba hacia Pedro Rafael Q.N., quien les solicitaba diversas cantidades de dinero muy superiores al precio real de las gestiones necesarias para las aperturas, renovaciones, seguros y otros trámites.

Pedro Rafael Q.N. acudía casi diariamente al despacho de su cuñado Enrique B.A., donde se sentaba en una mesa de otro funcionario, hacía y contestaba llamadas telefónicas, enviaba faxes y atendía al público, por lo que los visitantes lo consideraban un empleado público más.

La cuantía total defraudada asciende a 123.329 euros y los acusados se repartían el beneficio obtenido, ya que sólo en contadas ocasiones ingresaban en la cuenta bancaria de la Consejería de Turismo el importe que se debía pagar realmente.

A cambio del dinero recibido, los acusados entregaban un documento con sello estampado de la Consejería de Turismo que en ocasiones se correspondía con un modelo oficial de un documento de ingreso del Gobierno de Canarias, previamente sustraído por Enrique B.A., que trataba de parecer auténtico.

Uno de los acusados, Amadeus R.G., no ha acudido hoy al juicio por una incapacidad física que le ha impedido formar parte del acuerdo alcanzado, por lo que su situación se resolverá de manera individual.

La conformidad de los acusados a las penas solicitadas por la Fiscalía no incluye las indemnizaciones que tendrán que satisfacer a los perjudicados por la estafa y que serán fijadas por el tribunal.