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Los taxistas de Santa Cruz amenazan con ir a la huelga el próximo viernes

   

En la asamblea de la tarde del sábado se decidirán las medidas a tomar. | DA

NATALIA TORRRES | Santa Cruz de Tenerife

“Nos sentimos engañados”. Así se expresó ayer el vicesecretario de la Unión de Trabajadores Autónomos del Taxi (UTAT), Domingo Lara, en referencia a la reunión mantenida con el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Cabildo de Tenerife el pasado jueves, encuentro en el que estas corporaciones trasladaron al sector su postura ante el plan presentado por los taxistas para la retirada de licencias.

Lara explicó que “ha cambiado todo; de lo hablado hasta el momento no han recogido nada”. Entre otros puntos -señaló el representante de la UTAT- el Consistorio santacrucero va a permitir que se sigan realizando traspasos de licencias y, en cuanto al pago para la retirada de las éstas, “nos dicen que a tres años y si hay dinero de aquí a allá”. Esta reunión, que calificó Lara de poco satisfactoria, ha llevado a las distintas asociaciones del taxi a plantear hoy, en la asamblea del sector, un paro en los taxis para el próximo viernes.

Lara exigió que como mínimo el Ayuntamiento debe cumplir con la retirada de las 200 primera licencias y al precio ya establecido. “Fue un acuerdo tomado en la mesa del sector y ahora Ayuntamiento y Cabildo quieren cambiar todo lo acordado poniéndose de acuerdo entre ellos e ignorando las peticiones de los taxis”.

El representante de la UTAT explicó que el contenido íntegro de la reunión será comunicado hoy a los profesionales en la asamblea que tendrá lugar a las 18.00 horas, en el Pancho Camurria. En esta asamblea es donde las asociaciones plantearán a los profesionales del sector llevar a cabo una jornada de huelga el viernes 11 de noviembre.

Propuesta

El sector del taxi elaboró un documento en el que, entre otros puntos, se establecía la hoja de ruta necesaria para llevar a cabo la retirada de licencias de taxi, una acción que el sector considera de máxima urgencia en interés público.

El plan propone el pago de 60.000 euros por cada una de las licencias hasta alcanzar la ratio de 2,5 por cada mil habitantes. Esto supone que deben ser retiradas un total de 532.

El plazo máximo establecido para llevar a cabo este cometido sería de cinco años, periodo en el que las asociaciones proponen que no se autorice en forma alguna la transmisión de licencias municipales distinta a la participación en el rescate. Este último punto es precisamente el que Ayuntamiento y Cabildo adelantaron no van a cumplir.