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Médicos y farmacéuticos han empezado a funcionar con las recetas bajo la premisa de que obligatoriamente deben prescribirse por principio activo (es decir, por la sustancia medicinal que produce unos efectos y remedios determinados) y no por marca comercial. Los medicamentos dispensados serán siempre los de menor precio, salvo en los casos de “necesidad terapéutica” que avale el médico con su firma. Cuando éste no justifique esa “necesidad”, el farmacéutico vendrá obligado a sustituir el fármaco por otro con el mismo principio activo, la misma dosis y la misma administración. La medida, aprobada en agosto por acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, trata de abaratar el precio de los medicamentos y rebajar el gasto farmacéutico en entre 2.000 y 2.400 millones de euros al año. Pero existen discrepancias sobre este recetario, aunque en Canarias, que lidera el consumo español de genéricos, goza de las bendiciones oficiales. Recetar sólo genéricos “puede producir confusión, pérdidas de adherencia o duplicidades en los pacientes por la apariencia de las pastillas y problemas en los enfermos crónicos, polimedicados y personas de edad avanzada”, dicen la Organización Médica Colegial y la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas.

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria cree que la medida es “inadecuada” porque no afronta “los focos de ineficiencia del sistema” y la Federación Empresarial de Farmacéuticos critica la “limitación del acceso a los medicamentos al disminuir el nivel de las prestaciones”. La patronal Farmaindustria aplaude la norma por considerar que los medicamentos de marca se convierten “en un activo igual que el genérico a favor del ahorro”. Sanidad garantiza “la continuidad de los tratamientos que estén tomando los pacientes” ya que la nueva prestación “no elimina ningún medicamento”, garantizando “la calidad, la eficacia y la seguridad de todos ellos”. Pero, ocho de cada diez médicos no están de acuerdo con este “cambio masivo y automático de prescripción”, en unos casos por no ver “aceptable” que la Administración modifique la receta y en otros debido a “sus posibles consecuencias negativas sobre el enfermo”. Opiniones, como se ve, no siempre coincidentes, preocupantes diría yo, porque de alguna manera se condiciona la libertad de prescripción del facultativo y porque, según me comentan varios médicos amigos, la equivalencia farmacéutica no implica necesariamente equivalencia terapéutica, ya que depende de los procesos de elaboración de los fármacos, los excipientes que los acompañan, su velocidad de absorción, etc. O sea, todo es por la pasta, no por la salud.