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IURIS TANTUM > por Mario Santana

Ni el escándalo de Raphael > Mario Santana

   

En junio de 2010 se creó el artículo 31 bis del Código Penal, conforme al cual se puede ya exigir responsabilidad penal a las personas jurídicas, lo que supone un salto cualitativo importantísimo. Hasta ese momento, las corporaciones, asociaciones y fundaciones no respondían por la comisión de delitos, entre otras cosas porque se entendía que no podían cometer delitos, posibilidad reservada exclusivamente a las personas físicas.

Que las personas jurídicas no respondieran penalmente por su actuación era comúnmente aceptado. Siempre se había identificado la responsabilidad penal con la cárcel, y claro, sólo se puede meter entre rejas a las personas físicas. La idea, sin embargo, no es exacta, ya que, si bien la sanción más significativa de la jurisdicción penal es la privación de libertad, el artículo 33 del Código Penal relaciona un catálogo de distintas penas que se pueden imponer al condenado, como, por ejemplo, la inhabilitación para ejercer determinadas funciones, privación del permiso de conducir, prohibición de acercarse a determinada persona o multa.

Resulta curioso el concepto de multa como sanción penal, ya que su cuantía va unida al tiempo, y así, por ejemplo, se podrá imponer 25 días de multa o tres meses multa, donde se establecerá un valor para cada día en atención a la gravedad del hecho cometido y de las posibilidades económicas del condenado a su pago.

Ya el agudo lector habrá detectado la diferencia entre persona física y persona jurídica. Esta última viene definida en el artículo 35 del Código Civil como todas aquellas corporaciones, asociaciones y fundaciones que tienen una personalidad propia e independiente de la de cada uno de sus asociados. Entre ellas encontramos las sociedades limitadas o anónimas, asociaciones culturales, partidos políticos, etcétera.

En cuanto a la innovación que tratamos, el artículo 31 bis del Código Penal establece que las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables cuando sus representantes o administradores, actuando por cuenta de ellas, cometan un delito del que se beneficiará la corporación, asociación o fundación. Incluso pueden ser también penalmente responsables cuando sus órganos de control no hayan ejercido la debida vigilancia sobre personas que dependan de ellas y cometan el delito.

Las penas a imponer pueden ser multa, disolución, suspensión de actividades, clausura de sus locales, prohibición de realizar determinadas actividades, inhabilitación para obtener subvenciones o para contratar con las administraciones públicas. Hasta aquí nada que objetar a la bonanza legislativa y sus efectos contra el golferío, del que todos debemos protegernos. Cada día más. Frente a todos los golfos. El artículo 31 bis tiene cinco apartados y, cuando el estudioso de la norma llega al número cinco, tras estregarse los ojos y volver a leerlo, no sale de su asombro.

Por lo menos eso me ocurrió a mi cuando lo analicé y comprendí su significado. Dice así: “Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables (…) a los partidos políticos y sindicatos”. Como lo oyen, o mejor lo leen.

Los grandes partidos que ahora concurren a las elecciones del 20-N acordaron por unanimidad que tanto ellos como los sindicatos no responderían criminalmente por los mismos hechos que sí deben responder a partir de entonces las sociedades mercantiles; vamos, las empresas. Ahí queda eso. Lo sorprendente es la forma expresa y clara de la clase política de exonerarse de responsabilidad. Ya es que ni disimulan.

Mario Santana es Letrado
abogado@mariosantana.es