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Un globo que se desinfla > Francisco Pomares

   

Después de cinco años y pico de instrucción, lo que está pasando con el sumario de Las Teresitas resulta bastante abochornante: la penúltima ha sido la decisión de la jueza Carla Bellini, instructora del caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de retirar este pasado martes la imputación de cohecho al presidente de la Cámara de Comercio, Ignacio González Martín, pieza clave en todo el proceso y uno de los dos propietarios de Inversiones Las Teresitas. Del otro, Antonio Plasencia, al que aún no se sabe si se le mantendrá la acusación o no, aunque no parece muy lógico que en una venta realizada por dos propietarios uno quede imputado y el otro salga de rositas. Dejar fuera a Ignacio González y dentro a Plasencia alentaría sin duda una perversa lectura de los acuerdos políticos entre el PP y el partidete de Nacho González. Pero no adelantemos acontecimientos.

De momento, lo cierto es que llueve ya sobre mojado: en las dos últimas semanas, Bellini ha ido liberando de la imputación más grave -la de cohecho- a los portavoces de los grupos municipales, a la mayoría de los concejales y ahora a uno de los dos empresarios clave en lo que se presentó hace cinco años como la gran investigación judicial, no ya sólo contra el mayor pelotazo urbanístico de la historia de Tenerife, sino contra un entramado político y empresarial corrupto, instalado en el poder, la economía y las finanzas desde la noche de los tiempos. Esa visión del caso Las Teresitas, alentada por López Aguilar y Santiago Pérez, no se corresponde demasiado con lo que vemos estos días, sobre todo tras las últimas decisiones judiciales de quitar gas al proceso y eximir a más de la mitad de los imputados de las acusaciones realmente graves.

Voces próximas a la instrucción aseguran que el problema es que el cohecho es muy difícil de probar y la jueza quiere mandar al Tribunal Supremo un sumario impecable y sin fisuras que el Supremo no pueda merendarse en un par de sesiones. Quizá sea así. Pero dejar el caso reducido a malversación y prevaricación -delitos administrativos- apesta a globo pinchado. Después de cinco años, millones de euros gastados, centenares de teléfonos intervenidos, un festival cacofónico de declaraciones y titulares, miles de folios de sumario escritos y un par de chuscos incidentes en la instrucción, como el del sumario cocinándose en el microondas de una funcionaria, si lo que el caso Las Teresitas va a acabar por dar de sí es un par de inhabilitaciones para el desempeño de la función pública, mejor habría sido que se lo ahorraran. Y nos lo ahorraran. A todos, digo.