J. L. CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife
El controvertido litigio que mantiene la Asociación de Afectados por el Servicio de Cirugía Cardiaca del Hospital Universitario de Canarias (HUC) y la Consejería de Sanidad escribió ayer un nuevo capítulo. Según aseguró el abogado de la asociación, José Luis Langa, los juzgados de lo Contencioso Administrativo han confirmado que las denuncias realizadas por este colectivo contra el Servicio Canario de la Salud (SCS) no han prescrito, lo que contradice las tesis de la Consejería.
De este modo, Langa recalcó que las 20 denuncias de responsabilidad patrimonial por negligencia médica contra el SCS (por un importe superior a los cuatro millones de euros) por una presunta mala praxis entre 2005 y 2006 y años posteriores, siguen su curso, toda vez que el juzgado ha dejado claro que un caso inicia su periodo de prescripción “cuando se tiene conocimiento de la negligencia, no cuando ésta ha ocurrido”.
Esta sentencia, aseguró Langa, obliga por tanto al Servicio Canario de Salud “a entrar en el fondo del asunto”, a pesar de que la Consejería ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
En este sentido, el letrado manifestó que en los próximos días la asociación pedirá una reunión con la actual consejera de Sanidad del Ejecutivo, Brígida Mendoza, al objeto de acercar posturas, algo que, según José Luis Langa, “no han querido hacer” sus antecesores en el cargo”.
Los afectados por el Servicio de Cirugía Cardiaca del HUC llevan reclamando justicia desde 2008, año en que tuvieron conocimiento de las posibles negligencias de este departamento. En todo este tiempo han fallecido tres personas, y una cuarta está ingresada en Madrid en estado muy grave. El presidente de la asociación, y a la vez afectado, Nicolás Sosa, aseguró que no entiende a las personas que hablan de prescripción “como si tal cosa, sin darse cuenta del drama que estamos sufriendo”. “Sólo queremos saber qué pasó realmente; porque no se trataba de casos de alto riesgo, ya que, en mi caso, por ejemplo, no es verdad, porque yo era un deportista de alta competición”.
Langa explicó que la sentencia de los juzgados de lo Contencioso Administrativo abre la puerta a cualquier afectado por este servicio, no sólo en los años 2005 y 2006, en los que se publicó la auditoría que puso de manifiesto esta posible mala praxis, sino a todos los afectados que consideren que han podido tener secuelas o fallecimientos en su familia por esta causa. De hecho, la Asociación de Afectados actúa como acusación particular contra el jefe de Servicio de Cirugía Cardiaca del HUC, Rafael Martínez Sanz, y va a presentar ante la juez un recurso de reforma, para que se abra un caso que se había archivado provisionalmente, y se pida la declaración de las personas que en aquel momento trabajaban en el citado servicio, pues “es un caso de tal envergadura que no se puede cerrar sin haber investigado en profundidad”, aseguró Langa.