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El Gobierno regional se plantea acabar con las subvenciones para el empleo

   

La consejera Margarita Ramos y Manuel León (a la derecha), en una reunión con los sindicatos. / DA

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno regional se mostró este viernes “sensible” al planteamiento de los agentes sociales de acabar con la política de subvenciones como instrumento para la creación de puestos de trabajo, dados los raquíticos resultados obtenidos hasta la fecha.

Representantes de las patronales y de los sindicatos CC.OO. y UGT trasladaron al director del Servicio Canario de Empleo, Manuel León, sus aportaciones a la estrategia de empleo para el periodo 2012-14 en una reunión de casi cuatro horas y media desarrollada en Las Palmas de Gran Canaria, el mismo día en que se difundían unos pésimos datos de paro.

Durante un receso, el secretario de Empleo de Comisiones Obreras-Canarias, Francisco Pozo, arguyó que la economía de subvenciones está produciendo más incertidumbre que oportunidades. Por eso, expuso que, si la inyección de dinero público no redunda en un beneficio para la sociedad, se debe acabar con ella. “Si hay empresas comprometidas con la estabilidad en el empleo y hay que ayudarlas para su propia subsistencia, se podría admitir la continuidad de esa política”, añadió Pozo.

En similares términos, la CEOE de Santa Cruz de Tenerife entiende que las contrataciones con cargo a fondos públicos directos “han tocado suelo en la contención del desempleo”. “Canarias necesita potenciar el número de emprendedores para generar nuevas empresas que tiren del empleo”, subraya la organización en un comunicado.

Según las fuentes consultadas, la patronal suscribió la intervención de los portavoces sindicales en el sentido de superar la “cultura de las subvenciones”, entre otras razones, porque “los recursos son mucho menos que en la época de bonanza”.

Después de esta cita, el SCE entregará la próxima semana el borrador de la Estrategia Canaria de Empleo 2012-14 con las sugerencias de sus interlocutores. Vinculado a la estrategia española de empleo que se publicó el 19 de noviembre, el día antes de las elecciones generales, el documento habrá de estar publicado este mismo año. Se espera que, tras otra toma de contacto prevista para el 14 de diciembre, el Consejo General de Empleo lo apruebe el día 21, cuando Mariano Rajoy tome posesión del cargo de presidente del Gobierno.

Las centrales sindicales también quieren que la estrategia incluya una revisión de los convenios entre el SCE y las corporaciones locales. “Los cabildos y los ayuntamientos se están beneficiando de unos fondos públicos para unos trabajos que tendrían que contratar por su cuenta”, se quejó Francisco Pozo.

El SCE financia al 100% contratos de tres o seis meses “sin que esos cabildos o ayuntamientos adquieren el compromiso de inserción posterior de una parte de los trabajadores”.

Además, los sindicatos demandan “reformas estructurales que combatan la economía sumergida y el fraude fiscal”.

Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores exigen al Ejecutivo de Paulino Rivero que se cumpla la letra del Pacto por la Economía y el Empleo, firmado en 2009 y actualizado poco antes de las autonómicas del 22 de mayo.

“Todavía hay muchas cosas pendientes”, reiteran. “Tenemos que acometer una revisión para perfeccionar determinados aspectos”. Los sindicatos mayoritarios inciden en la urgencia de “potenciar las zonas más deprimidas de Canarias y en mejorar la empleabilidad de las personas con más dificultades para acceder a un empleo, como aquellas de más de 55 años”. Una prioridad para CC.OO. y UGT será la situación de las unidades familiares donde no trabaje ninguno de sus miembros.

Aparte de la estrategia, este viernes hubo “entendimiento” acerca de los servicios concertados por la patronal, los sindicatos y las dos universidades como entidades colaboradoras del Servicio Canario de Empleo.

Se trata de programas de atención a los desempleados para orientación, formación e inserción laboral.

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Estrategia general de empleo 2012-2014

La Estrategia Española de Empleo 2012-2014 se configura como el marco normativo para la coordinación y ejecución de las políticas activas de empleo en todo el país, que ha de “contribuir a fomentar el empleo de la población activa, a aumentar la participación de hombres y mujeres en un mercado de trabajo sostenible, en el que se mejore la productividad y la calidad del empleo, y que se base en la igualdad de oportunidades, la cohesión social y territorial”. El texto se erige en una referente compartido, a partir del cual los servicios públicos de empleo deben diseñar y gestionar sus propias políticas activas.

La mejora y modernización de las herramientas administrativas y de servicio a las personas y empresas “deben permitir la coordinación con todos los actores públicos y privados que realizan actuaciones dirigidas a los mismos objetivos”. Así se deduce de la Ley de Empleo, que fija entre los fines del sistema nacional el de “fortalecer los servicios públicos de empleo para contribuir a la mejora relativa de su eficiencia y calidad”.

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