El padre de la niña renunció a su custodia en el año 2004

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

La Dirección General del Menor y la Familia del Gobierno de Canarias confirmó ayer que el padre de la menor de 11 años encontrada muerta el martes en la casa de Vistabella, vivía con su madre porque su padre renunció a su custodia tras un acuerdo amistoso suscrito entre las partes en el año 2004.

Las mismas fuentes consultadas por este periódico explicaron que, en febrero de ese año, se solicitó a los Servicios Sociales municipales un informe sociofamiliar que pudiera indicar la necesidad de aplicar medidas de protección a la menor por una supuesta situación de desamparo. Tras evaluar dicho informe, la Dirección del Menor dio a los abuelos maternos la acogida temporal de la niña, por un espacio de seis meses, posiblemente a raíz del ingreso de la madre en el área psiquiátrica del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.

Sin embargo, una vez normalizada la situación, los abuelos también renunciaron a esta acogida, por lo que la custodia volvió a la progenitora, ya que no existían antecedentes de malos tratos o cualquier otra conducta que pudiera motivar una intervención por parte de la Dirección General del Menor y la Familia.
El propio responsable de este departamento, Gilberto Moreno, dejó claro que “no había indicios ni sospechas de que pudieran desencadenarse los hechos, pese al pasado psiquiátrico de la madre de la niña.

Moreno aseguró que desde 2007 se había eliminado el “riesgo” de que la mujer realizara acciones de este tipo, según los informes psicológicos y forenses, y calificó el caso como “específico y muy particular”.

De hecho, desde hace cuatro años ni en la Consejería de Políticas Sociales, ni en el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife hay constancia de ninguna intervención en el núcleo familiar.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en la provincia, José Antonio Batista, reiteró que la policía no tiene constancia de “hechos significativos” que puedan relacionarse con este caso, aunque al parecer “había alguna denuncia por incumplimientos en el régimen de visitas” de los pequeños, “algo tristemente normal en parejas divorciadas”, denotó Batista, quien subrayó que “tampoco hay antecedentes de violencia de género”.

En cualquier caso, el subdelegado reconoció que la investigación aún está en la fase de “documentación”, porque ni siquiera se ha podido tomar declaración a los progenitores de los niños, que al cierre de esta edición permanecían ingresados, sedados y custodiados por la Policía en el Hospital de la Candelaria.

José Antonio Batista recordó que la autoridad judicial ha decretado el “secreto” en las actuaciones, y apeló a la prudencia, “porque no es un caso que esté resuelto en todos sus flecos, ni muchísimo menos”, apuntó.

En la misma línea se manifestó sobre este asunto el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, quien dijo que la Policía Local se había presentado en alguna ocasión en el domicilio, aunque no especificó los motivos. Bermúdez pidió “dejar que la investigación siga su curso”, y señaló que el Ayuntamiento aportará toda la información que posea para esclarecer los hechos.