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Borbones, república y fantasía > Juan Hernández Bravo de Laguna

   

Lo más alarmante de la presunta corrupción protagonizada por Iñaki Urdangarín es la escasa alarma social que ha suscitado. La opinión pública española -y también la publicada- parecen estar ya tan de vuelta de estas cosas que no se sorprenden mucho cuando se descubre un nuevo caso, por más que sea tan notable como el que atañe al yerno del Rey. De confirmarse la presunta corrupción, el ciudadano de la calle se preguntaría, todo lo más, qué necesidad tiene una persona como el duque consorte de Palma de verse implicado presuntamente en delitos relacionados con la corrupción. Porque si nos enteramos que un político cualquiera lo hace, y que a este político en la vida civil le esperan el paro o un empleo ínfimo adecuado a su escasa o nula formación, podemos hasta llegar a entender -no a justificar- que intente solucionar su vida a riesgo de pasar unos años en la cárcel y en boca de la ciudadanía. Unos años tan solo, porque la memoria colectiva es muy flaca. Pero cuando una persona con su futuro económico más que resuelto incurre en un comportamiento semejante, la letra de aquella vieja canción que nos advertía que todos queremos más adquiere una plena vigencia.

No olvidemos, además, que se trata de unas personas privilegiadas, que disfrutan de unos puestos de trabajo que superan con mucho su preparación, fuera del alcance del ciudadano corriente, aún del más cualificado e idóneo, con unas funciones meramente nominales y con unas retribuciones más que cuantiosas. En el caso que comentamos, Iñaki Urdangarín es consejero de la filial internacional de Telefónica en Washington y su esposa es directora del área social de la Fundación La Caixa. Por su parte, Jaime de Marichalar, tras su boda con la Infanta Elena, llegó a cobrar más de un millón de euros anuales de siete multinacionales, entre las que se encontraban la banca Credit Suisse, Loewe y Cementos Portland Valderribas, una filial de FCC.

Este enésimo episodio de presunta corrupción que sacude la escena pública española nos corrobora ciertas presunciones al respecto, que cada vez se confirman con mayor intensidad. Nos corrobora, por ejemplo, que la corrupción que llega a descubrirse -y a demostrarse en sede judicial- es únicamente una parte de la corrupción total existente, la punta de un iceberg inmenso que no cesa de crecer y que amenaza con hundir la frágil y titubeante democracia española. En Canarias sabemos mucho de eso. Y nos corrobora también que la corrupción política va unida ineluctablemente a la corrupción social y depende de ella. Que si hay demasiados políticos corruptos es porque hay demasiados ciudadanos -y empresarios- corruptos. Y que, en definitiva, la sociedad española es una sociedad en donde abundan los pícaros (sería injusto decir que es una sociedad de pícaros) y en donde la novela picaresca de nuestros siglos XVI y XVII alcanza una insospechada actualidad. Dadas las implicaciones políticas al más alto nivel de este asunto, se está dejando al margen con especial cuidado a la infanta Cristina. Todo indica que ocurra lo que ocurra con Iñaki Urdangarín, ella no va a ser ni siquiera llamada a declarar, aunque su posición pueda despertar presuntamente dudas razonables. Primero, porque es copropietaria al 50% y secretaria del Consejo de Administración de la sociedad mercantil Aizoon S.L., que preside su marido y que también está siendo investigada. Y segundo, porque su ignorancia significaría una situación conyugal muy alejada y contradictoria con el cuento de hadas que nos venden los programas y las revistas del corazón. Al margen de fáciles demagogias y alusiones a la crisis, recordemos que el matrimonio se gastó seis millones de euros en la adquisición de un palacete en la exclusiva zona de Pedralbes, en Barcelona, que fue sede de Aizoon.

¿Afecta esta presunta corrupción a la monarquía? El Rey ha pasado del “son asuntos de Iñaki” como único -e insuficiente- comentario a apartarlo temporalmente de los actos oficiales. La Casa Real ha explicado que no le parece que el duque consorte de Palma haya mantenido un comportamiento ejemplar en el escándalo del Instituto Nòos. Un implícito -y grave- reconocimiento cuando Iñaki Urdangarín no ha sido todavía imputado que muestra la alarma y la inquietud de La Zarzuela.

La operación Babel se desarrolla contra este Instituto, una entidad supuestamente benéfica y sin ánimo de lucro relacionada con el caso denominado Palma Arena, antiguamente dirigida por Iñaki Urdangarín y luego por su socio y gerente Diego Torres, ya imputado. Precisamente el duque consorte dimitió en 2006, al comenzar las investigaciones sobre su instituto. Un instituto cuyos cuantiosos beneficios presuntamente ilegales no se invertían, de acuerdo con sus fines, en la financiación de obras sociales, sino que eran desviados a sociedades mercantiles ficticias y paraísos fiscales. Es evidente que hay Administraciones Públicas y políticos implicados, unas Administraciones y unos políticos que contrataban prestaciones de servicios con el Instituto a precios muy por encima del mercado, mientras negaban modestas subvenciones y ayudas a los ciudadanos. Estaríamos hablando de falsedad documental, fraude a la Administración, prevaricación, desvío y malversación de fondos y caudales públicos, y otros delitos.

Alguien ha dicho que los españoles, cuando no sabemos qué hacer, echamos a los Borbones. En realidad, únicamente los hemos echado dos veces, en 1868 y en 1931, porque Carlos IV y su hijo, el rey felón, huyeron ellos solos para arrojarse en brazos de Napoleón I. Franco no los dejó volver, pero la dinámica de la transición hizo imprescindible el restablecimiento de la monarquía y el Título II de la Constitución. Debemos reconocer que necesitamos la monarquía porque somos un pueblo menor de edad que precisa ser tutelado por un símbolo que despierte la simpatía de la gente y porque una república, incluso tan federal como la monarquía actual, saltaría por los aires a las primeras de cambio, igual que le ocurrió a las dos que hemos intentado. Eso lo reconocen los más acérrimos republicanos con esa cursilada que se puso de moda hace tiempo de no ser monárquico, sino juancarlista. Algunos de ellos alimentan el sueño de que algún día, en el seno de la integración europea, consigamos al fin convertirnos en adultos y sea posible la república en España. Pero por ahora, lamentablemente, más que de un sueño se trata de una simple fantasía.