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Canarias limita las inspecciones al suprimir las dietas por desplazamientos a los funcionarios

   

El presidente del Gobierno, Paulino Rivero, ayer, en el Parlamento. | ACFI PRESS

MARÍA FRESNO | Santa Cruz de Tenerife

La Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias ha decidido suspender la autorización de servicios que generen gastos por desplazamientos y dietas, según una orden publicada en el Boletín oficial de Canarias (BOC). Con ella se regula la ordenación contable en la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos para el ejercicio 2011.

Esto significa que, a partir de ahora, todas salidas de los inspectores para verificar, asesorar y controlar in situ cuestiones relacionadas con sus funciones específicas quedan suspendidas y se limitarán a atender los requerimientos en su puesto de trabajo.

Esta orden, publicada el pasado martes 22 de noviembre, ya se está cumpliendo en Educación, que tienen suspendidas las autorizaciones para desplazamientos desde el pasado viernes.

Las dietas, por ejemplo en el ámbito de educación, estaban oscilando en torno a los 250 euros en el caso de los desplazamientos al sur de la Isla. Desde la semana pasada, todas las entrevistas con educadores y directores de centros se están haciendo en la consejería y se están suspendiendo la mayor parte de éstas. Al ser un mandato que viene de la Consejería de Economía, afecta a todas las inspecciones, no sólo a Educación, es decir, a Hacienda, Servicio Canario de Salud, comercio, así como todos los servicios de profesores itinerantes para la atención de alumnos ciegos, motóricos o sordos.

En este último caso, en el de educación, eliminar los desplazamientos a centros de Educación Infantil, Primaria, Institutos y demás servicios educativos cercena las funciones básicas de un inspector, según refleja el Decreto 52/2009, por el que se aprueba el reglamento de ordenación de la inspección de educación de la Comunidad Autónoma de Canarias y que, en su artículo tres, dice expresamente que la función de la inspección debe ser la de “velar y controlar en los centros, programas y servicios educativos el cumplimiento de las disposiciones vigentes que afectan a su funcionamiento y requerir a través de los cauces establecidos a sus responsables para que adecuen su organización y funcionamiento a la normativa vigente”.

Asimismo, en el artículo cinco detalla, entre las atribuciones del personal inspector, la de “visitar y supervisar los centros educativos públicos y privados así como los servicios e instalaciones donde se desarrollen actividades educativas. Para ello, el personal inspector tendrá libre acceso a los centros docentes públicos y privados así como a los servicios e instalaciones…”.

Dada la importancia de estas inspecciones, algunos funcionarios se han ofrecido a realizar los desplazamientos sin pasar ningún gasto, pero desde la Inspección se les ha indicado que las consecuencias de la salida la asumen los propios inspectores, por ejemplo, en caso de accidente.