D. N. M. | Santa Cruz de Tenerife
Los dos consejeros de la Caja Rural de Canarias reprobados el jueves se están “pensando recurrir” su expulsión del consejo rector de la entidad crediticia, cuya asamblea general aprobó la integración en el Sistema Institucional de Protección (SIP) liderado por Cajamar, de Almería, fusionada con Ruralcaja, de Valencia.
En declaraciones a DIARIO DE AVISOS, Pedro del Río denunció este viernes la “actitud severa” de la cúpula directiva de la Caja Rural por unas opiniones discrepantes de la línea oficial y favorable a la unión con la tinerfeña Cajasiete. Antonio Hernández ya impugnó en la asamblea la reprobación de Pedro del Río y de Francisco Rodríguez, a la sazón presidente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan).
Votación “dirigida”
Sobre la votación en sí, Del Río aseguró que estaba “dirigida”. El resultado fue de 2.897 socios a favor, 40 en contra y 36 abstenciones. El SIP está abierto a otras incorporaciones. A fecha de hoy , el grupo cooperativo da cabida a Cajamar Caja Rural, Caja Rural de Canarias, Caja Rural de Casinos, Caixa Albalat, Caixapetrer, Caixa Turís, Caja Rural Castellón, Caja Rural de Baleares y Caja Campo.
Caja Rural de Canarias aportará un volumen de negocio de 2.214 millones de euros, activos por importe de 1.264 millones de euros, 69 oficinas, 322 empleados y más de 100.000 clientes.
Con más de 23.000 socios, Caja Rural de Canarias “mantendrá su independencia, su sede social y servicios centrales, sus órganos sociales de gobierno y dirección, su red de oficinas y empleados”.
El colectivo encabezado por el consejero Pedro del Río considera que este proceso es negativo para los intereses de la Caja Rural, por lo que había invitado a una “reflexión sobre la posibilidad de intervenir y cambiar el curso de las cosas, por el bien de todos los canarios”. Con ese fin se creó una plataforma para “realizar un llamamiento a todos los socios” a que votaran en contra de semejante “despropósito”.
A juicio de esta misma fuente, “este hecho no hará sino dificultar a la sociedad canaria el ya complicado acceso a la financiación”.