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El Ayuntamiento tiene que pagar más de medio millón a Tarajal

   

LUIS F. FEBLES | Puerto de la Cruz

El equipo de gobierno de CC-PP en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz sigue capeando el temporal de las concesionarias. En esta ocasión, una sentencia condena al Consistorio portuense a abonar más de medio millón de euros en concepto de servicios prestados, a la empresa Tarajal, concesionaria de limpieza del complejo turístico Costa Martiánez, que venía prestando dichos servicios hasta que en mayo del año 2010, la Corporación declaró la nulidad, procediéndose a la rescición del contrato.

Según informaron a este periódico los servicios jurídicos de Tarajal, “el gobierno local decidió acabar con el contrato para dárselo a la empresa municipal Pamarsa. No se trata de pedir una indemnización. Lo que el juez dictaminó en la sentencia que nos ha sido favorable es que deben abonar esa cantidad por los servicios prestados”. Por su parte, el Ayuntamiento portuense aclara que recurrirá la sentencia porque además, hay “irregularidades” en el asunto de las facturas presentadas.

El edil de Comercio y Concesiones Administrativas, Lope Afonso (PP) indicó que “la empresa concesionaria pide la nulidad parcial del acuerdo plenario del Ayuntamiento en el que se habían resuelto los contratos. Ellos entienden que el acuerdo procede, pero lo que exigen es que en el mismo se recoja la cantidad que se le va a indemnizar, la cual el Ayuntamiento entendió que no era posible; en definitiva, piden que se les indemnice por resolver el contrato, y por ello, se sustentan en las facturas”.

Facturas sospechosas

Aunque los servicios jurídicos de Tarajal subrayan que en ningún momento “se ha hablado de indemnizar”, Afonso subraya que buscan esta fórmula basada en unos servicios que prestaban “sin contrato”.

El edil señala posibles irregularidades en las facturas presentadas. “El Ayuntamiento solicitó la revisión de las facturas que presentaba la empresa de limpieza, ya que la Corporación no estaba conforme con el contenido del servicio; se llegaron a facturar trabajos por parte de personal que estaba de baja”, resaltó el concejal portuense de Concesiones Administrativas.

El argumento del Consistorio se basa en que no pagarán por servicios que no llegó a prestar la empresa y por eso recurrirán a lo largo de estos día. El grupo de Gobierno considera que “no tiene la obligación de en esa misma resolución recoger la cantidad estipulada; estamos trabajando en una posterior”.