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El Juzgado de Nules ha dado por concluida la instrucción del caso Fabra ocho años después

   

EFE | Castellón

El Juzgado número 1 de Nules ha dado por concluida la instrucción en la investigación sobre el expresidente de la Diputación de Castellón y líder del PP en esta provincia, Carlos Fabra, abierta en diciembre de 2003 tras dos querellas presentadas contra él por el empresario Vicente Vilar.

Así lo anuncia el auto hecho público hoy por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, en el que el noveno titular de ese juzgado en los últimos ocho años da traslado a las partes para que en un plazo de diez días soliciten la apertura del juicio oral, el sobreseimiento del caso o la práctica de diligencias complementarias.

En diciembre de 2010, la Audiencia Provincial de Castellón acordó sobreseer la causa contra Fabra y su esposa por cuatro de los cinco delitos fiscales entre 2000 y 2003 que se siguen en el citado juzgado de Nules, por entender que han prescrito.

Sin embargo, el pasado día 1 el Tribunal Supremo revocó esa decisión y ordenó reabrir la causa por delitos fiscales contra el dirigente popular y su mujer, una medida que Fabra ha recurrido ante el Constitucional.

El juez de Nules, en los antecedentes de hechos del auto de hoy, considera que hay indicios de que Vilar era administrador de Naranjax, dedicada a productos fitosanitarios que eran a su vez sintetizados por la mercantil Arcavi, cuya titular era su esposa Monserrat Vives.

Naranjax tenía pendientes de aprobación varios productos por parte de los ministerios de Agricultura y de Sanidad, para lo cual se puso en contacto con el entonces presidente de la Diputación a través de su mujer, Amparo Fernández, que era amiga de Monserrat Vives.

El auto considera que hay indicios de que Fabra medió con las autoridades y funcionarios públicos para agilizar la tramitación y obtención de las autorizaciones haciendo valer su condición de presidente de la Diputación.

A raíz de estas actuaciones se celebró una reunión en la que estuvieron presentes Fabra, el entonces ministro de Agricultura, Jesús Posada, el secretario de Estado de Hacienda Juan Costa, el diputado Juan José Ortiz y el senador Miguel Vicente Prim, para tratar los retrasos en la concesión de licencias para los productos fitosanitarios e informar sobre el estado administrativo de los productos de Vilar y Vives.

Posteriormente se aprobó la autorización para uno de los productos más importantes para Naranjax; a consecuencia de esto, Carlos Fabra requirió a Vicente Vilar 25 millones de pesetas en metálico en reconocimiento de su mediación.

Fabra propuso a Vilar constituir una empresa que fuese titular de los registros que Naranjax fuese obteniendo de los ministerios de Agricultura y Sanidad y constituyeron la empresa Artemis 2000 SL, que fue comprada al 50 por ciento por Monserrat Vives y María Amparo Fernández.

Fabra continuó después su labor de mediación a favor de las empresas de Naranjax y Artemis 2000 ante autoridades y funcionarios públicos de la Administración central, con el objetivo de agilizar la concesión de licencias.

Durante los ejercicios fiscales entre 1999 y 2004, Fabra y su mujer obtuvieron ingresos que ocultaron a la Hacienda Pública y que no se correspondían con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados, según el auto.

Las cantidades defraudadas en ese periodo suman más de 880.000 euros por parte del expresidente y más de 580.000 por parte de su esposa.

La denuncia que originó estas diligencias fue presentada en diciembre de 2003 por Vilar y a raíz de la misma, Hacienda denunció a Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta de 1999, tras lo cual el juez ordenó investigar sus cuentas desde ese año hasta 2004.