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El PP preguntará a Interior si frenó la investigación de la UDyCO de Sevilla sobre el hijo de Chaves

   

EFE | Sevilla

El PP va a remitir una pregunta al Ministerio del Interior respecto a si intervino para “frenar” la investigación de la UDyCO de Sevilla sobre el robo de documentos a Iván Chaves, hijo del expresidente de la Junta Manuel Chaves, y el presunto fraude en las subvenciones del Plan Bahía Competitiva.

En rueda de prensa, el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, ha anunciado hoy que Interior tendrá que explicar si hay relación entre el cese del jefe de la UDyCO de Sevilla y las investigaciones que estaba llevando a cabo sobre asuntos relacionados con el hijo Chaves.

Ha anunciado que su partido elevará una pregunta al Ministerio del Interior para conocer si existe esta relación porque “sería muy grave que pudiera conectarse el cese policial con un asunto político de la magnitud” del que afecta al hijo de Manuel Chaves, y si el Ministerio “intervino” para frenar esta investigación.

“Todo hace sospechar que la Policía debió llegar demasiado lejos, según los intereses del PSOE, y que no interesaba llegar más allá. Eso es un cese político en la Policía, algo que sólo puede ocurrir en las dictaduras o en las repúblicas bananeras”, ha subrayado Sanz.

Sanz ha anunciado también que su partido va a exigir que el Ejecutivo dé una explicación “urgente” al Gobierno andaluz en el Parlamento sobre el “papel” realizado por Iván Chaves.

“Tendrá que explicar por qué Iván Chaves no solo haya actuado como comisionista o intermediario de determinadas empresas con la administración andaluza, sino que pudiera haber sobrepasado este papel al haber sido socio de algunas de las empresas que se relacionaban con la Junta”, ha señalado Sanz.

Según el dirigente del PP, el Gobierno andaluz está obligado “a salir de su silencio”, y se ha mostrado seguro de que en este caso se podrían derivar responsabilidades jurídicas importantes desde el punto de vista penal por un presunto caso de tráfico de influencias, fraude en subvenciones y estafa, además de las responsabilidades políticas por la “intermediación” en las diferentes consejerías.