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Europa avanza a trancas y barrancas > Leopoldo Fernández

   

Como en anteriores procesos y evoluciones institucionales, la Unión Europea sigue moviéndose en actitud zigzagueante, a trancas y barrancas. Avanza, de pronto sufre un parón, parece que va irremediablemente hacia el abismo, pero de nuevo se recupera y reanuda su camino contradictorio y complejo. Ahora, por decisión de los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 -con excepción del premier británico, que se ha autoexcluido-, ha adoptado drásticas medidas para tratar de salvar la moneda única mediante el fortalecimiento de la zona euro a la vista de la inestabilidad de los mercados de deuda soberana y de la virulencia de la crisis financiera. Así que nada mejor que hacer los deberes que debieron afrontarse en el momento fundacional del Mercado Común o, cuando menos, al implantarse la moneda única: una mayor integración de las políticas económicas, sobre la base de la propuesta que Merkel y Sarkozy presentaron al presidente de la Comisión. En tal sentido se van a implementar normas muy estrictas sobre el control del déficit público -al que se atribuye el origen de todos los males-, incluyendo severas sanciones para los países incumplidores, la fiscalización comunitaria de los presupuestos nacionales, sobre todo en los casos de desequilibrios flagrantes, y la inclusión en las constituciones, como ya ha hecho España, de esa llamada regla de oro del equilibrio presupuestario. En línea con estos objetivos, se ha de redactar un nuevo tratado, con su posterior ratificación por los Estados, cuyas líneas generales deberán estar preparadas para marzo próximo. Entre ellas es de suponer que se incluyan la evolución del proceso europeísta en su conjunto, la toma de decisiones, la cesión de más soberanías nacionales, las bases de la nueva integración fiscal y presupuestaria, junto al verdadero papel que se reserva a las instituciones europeas -Comisión y Parlamento en especial-, que están siendo ninguneadas estos últimos tiempos con el nuevo liderazgo surgido en la entente merkozyniana. En este contexto el Banco Central, empeñado, por las presiones de Berlín, en combatir casi en exclusiva la inflación, va a poder aportar mayor confianza y apoyo al funcionamiento de los mercados monetarios y de bonos en la eurozona, así como al alivio de la falta de liquidez de los bancos comerciales.
Pero no cabe llamarse a engaño: estos acuerdos son insuficientes, según la mayoría de los expertos, para una refundación a fondo de la UE que ordene sus objetivos fundamentales y se dote de suficientes mecanismos de estabilidad ante eventuales ataques especulativos, al tiempo que facilite esa liquidez imprescindible para que los Estados y las empresas puedan hacer frente a sus gravísimos problemas de financiación; una financiación cada vez más cara y cuya carencia influye de manera desastrosa en la propia recesión económica y en el desempleo. Se ha vuelto a frustrar la ampliación del fondo de rescate permanente, que se mantiene en medio billón de euros, como también se mantiene el Mecanismo Europeo de Estabilidad, demasiado rígido y débil a criterio de los especialistas, en tanto continúa congelada la emisión de eurobonos y el Banco Central Europeo (BCE) va a seguir sin funcionar como prestamista de última instancia para los gobiernos como sí lo es para los bancos, si bien va a traspasar al FMI 200.000 millones de euros que esta institución pueda prestar a países con problemas, como es el caso de España e Italia.
A costa, también, de que persista una crisis político-institucional, Berlín se ha salido con la suya y España ni siquiera ha podido lograr su modesto objetivo de disponer de capacidad de veto en el rescate de países en quiebra, como tienen Alemania, Francia e Italia. Rajoy así se lo había pedido a sus colegas populares europeos -y lo mismo haría luego Zapatero ante los jefes de Estado y de Gobierno-, pero no ha podido ser dado nuestro escaso peso específico actual. Así que tendremos que aguantarnos si se nos imponen determinadas medidas que no nos gusten a propósito del Mecanismo Europeo de Estabilidad, que sirve para el rescate de los países quebrados. Las decisiones de este organismo se toman por una mayoría del 85%, según las cuotas de cada país en el BCE, que para España alcanzan el 11,9%.
Con la llegada del PP al poder, cabe esperar un mayor papel protagonista del futuro jefe del Gobierno en el concierto europeo, mediante la fijación de estrategias y alianzas que permitan al país un mayor grado de influencia en la toma de decisiones comunitarias. Fuentes oficiosas me apuntan en este sentido que los mayores esfuerzos se van a centrar inicialmente en el apoyo incondicional de las medidas que se preparan en la UE para tratar de mejorar el crecimiento de la actividad económica y, como consecuencia del empleo, ya que por sí sola una política de austeridad y recortes traería consigo nuevos problemas y mayores cotas de paro. También me subrayan que Rajoy y sus asesores son conscientes de las dificultades de este momento de transición política que vive España pero están decididos a que el país presione cuanto esté a su alcance para figurar en el núcleo duro de la defensa del euro y de su estabilidad como mejor garantía para asegurar el pago de la deuda, además de apoyar las iniciativas que, al amparo del Tratado de Ámsterdam, busquen una cooperación reforzada entre países partidarios de una mayor integración europea, una nueva gobernanza y una diligente reforma de los tratados mediante acuerdos bilaterales, protocolos o disposiciones de otra índole.
Como anticipó Rajoy en la cumbre del Partido Popular Europeo, a nuestro país le aguardan rápidas y dolorosas reformas estructurales, junto a rigurosas medidas de austeridad y contención del gasto, a lo largo de los dos próximos meses. Es el precio que hemos de pagar para ganar confianza en los mercados y relanzar la actividad económica hoy paralizada mediante esfuerzos y sacrificios nunca vistos por estos pagos. El ministrable Luis de Guindos apuntaba esta misma semana, en unas sonadas declaraciones, que “el mayor riesgo a que se enfrenta España a corto plazo” es que debe hacer frente durante el año que viene a enormes vencimientos de deuda pública y privada: 120.000 millones de euros de los bancos, otros 120.000 de renovaciones de letras y deuda, más casi otros 200.000 millones entre necesidades de nueva financiación para el sector público y vencimientos de deudas corporativas no bancarias y de las comunidades autónomas. Estas necesidades coinciden con el cierre de los mercados internacionales de capitales y con el hecho de que casi la única fuente de financiación estable de la economía española es el BCE. De ahí devienen los enormes problemas de liquidez de las empresas por falta de crédito y por los retrasos de las administraciones a la hora de hacer frente a sus pagos.
Los acuerdos de este fin de semana van a ser capitales para España y, como es lógico, también influirán en el futuro de Canarias, aunque sus conquistas de los últimos años, sobre todo las alcanzadas vía regiones ultraperiféricas no corren mayor peligro, salvo, y no es poco, el ya anunciado recorte de ayudas en unos 500 millones de euros entre 2013 y 2020. Francia no permitirá que sus provincias de ultramar sufran mayores penurias y como es lógico el Gobierno de Rajoy estará a rebufo de esa posición para no perder comba. Lo verdaderamente importante, que es el visto bueno del REF por la UE, va a depender tanto de la capacidad de negociación del Ejecutivo canario como de la fortaleza de su homólogo de Madrid y su talento para la persuasión ante las autoridades de Bruselas. Ahí sí que Canarias se juega gran parte de su fortaleza económica y su futuro.