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La buena noticia es que la reforma administrativa que plantea el Gobierno de Canarias no se realizará aplicando medidas quirúrgicas o despidos masivos, sino que se hará sin traumas, poco a poco, para lograr que la administración sea más eficiente. La mala es que la frase que acabo de escribir -y que reproduce lo que han dicho el presidente del Gobierno y los expertos en la presentación de la Comisión para la Reforma Administrativa- no significa absolutamente nada de nada. Porque si la reforma no implica reducción de la plantilla, a ver de dónde diablos sale el ahorro…

Tiene uno la impresión de que esta comisión de expertos, como tantas otras que pululan por ahí, no va a servir precisamente de mucho: para empezar, no están nada claros los objetivos que persigue, más allá de una más que difusa voluntad de mejorar la eficacia de la administración pública, algo que no deja de ser otro lugar común. Ni siquiera sabemos a qué se refieren en la comisión cuando se habla de Administración pública. Si es a esos 147.000 trabajadores a los que se refería ayer el profesor José Luis Rivero (sólo Comunidad Autónoma), o a los 172.000 que el Observatorio de Empleo de Canarias dice que trabajan en la Administración pública de las Islas. No estaría mal empezar por aclarar si esta Comisión de Expertos va a informar sólo sobre lo que procedería hacer en la Administración regional o en todas las administraciones de la región.
Es cierto que las comisiones tienen mala prensa. Marshall McLuhan definió con precisión su verdadera utilidad cuando dijo aquello de que “un camello es un galgo diseñado por una comisión”.

Al final, las comisiones suelen dedicar más tiempo, esfuerzo y recursos a poner de acuerdo a sus miembros sobre cómo proceder y de qué ocuparse que a emitir un dictamen mínimamente útil. Cuanto más compleja es la tarea de una comisión, cuanto más difícil o más urgente el encargo, más probable es que sus propuestas acaben siendo una componenda de opiniones, un acuerdo meramente formal entre propuestas incompatibles. Pero las comisiones -y ésta en concreto responde perfectamente a esa función- sí tienen un valor: sirven para que los políticos puedan ampararse en ellas para retrasar decisiones que al final acabarán por tomar otros. ¿O es que realmente se cree alguien que no va a haber recorte de plantillas? Dénse un paseo por un hospital, o por un colegio, y luego me cuentan.